02/10/2020.- A la reunión con la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, acudieron, por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de Asturias, su presidente, Pedro Isidro Rodríguez, la secretaria, Marta Álvarez Arce, y la secretaria suplente, Marián González Martínez; asimismo, por parte del Colegio, el decano, Luís Albo, con los siguientes miembros de la Comisión del Turno de Oficio: el presidente, Eulalio Llaneza, la vicepresidenta, Sonia B. Arévalo Píriz, y el vocal, Ernesto Tuñón.
Entre los asuntos que se pusieron encima de la mesa, la aplicación Tramitare cobró gran protagonismo. Ambas partes entendieron oportuno implementar modificaciones que ayudaran a facilitar su uso, logrando así agilizar la resolución de los expedientes.
Otro aspecto relacionado con este programa informático y que también se trató ayer fue la necesidad de poder identificar de manera inequívoca, además del número total de expedientes, cuántos de ellos serán abonados y cuántos serán los archivados. Así pues, acordaron emplazarse mutuamente a una próxima reunión a la que asistirán los informáticos de la Administración autonómica y del Colegio.
El tiempo fue otra de las claves del encuentro. El objetivo, reducir a cinco meses los expedientes pendientes de resolución. El Colegio aportó varias opciones: la contratación de un funcionario que ayudara a descongestionar el retraso, la colaboración desinteresada del propio presidente de la Comisión o, incluso, como prevé el Reglamento, la posibilidad de crear una delegación en Gijón, cuestión para la que habría que ponderar la opinión de su Colegio de la Abogacía. La viceconsejera se comprometió a estudiar y valorar las tres alternativas para resolver esta situación.
Otro de los puntos que se trataron en la reunión fue el relativo a las motivaciones del Anexo 1B. Sobre esto, dos cuestiones fundamentales:
- Han de motivarse de forma razonada y coherente, para no caer en contradicciones con respecto a la documentación aportada.
- En el posible caso de que se acuerde cambiar los criterios, establecer un periodo transitorio de adaptación entre los letrados, el Colegio y la Comisión.
En otro orden de cosas, la delegación del ICA Oviedo trasladó a Encarnación Vicente su disconformidad con el hecho de que los letrados no puedan percibir la contraprestación por el trabajo realizado y se les derive a la jura de cuentas, con las limitaciones que ello implica y la indefensión que le genera al profesional por un trabajo realizado y no cobrado. Desde el Colegio se planteó la posibilidad de que fuera la Consejería quien actuara en estos casos y reclamara al justiciable su deuda. Por su parte, la viceconsejera advirtió de que esta fórmula podría suponer un cambio normativo y acordó planteárselo a la Secretaría Técnica para que la valorase.
Dos horas y media de reunión, que también dieron para hablar de la posibilidad de cobrar la disponibilidad, a pesar de no haber realizado ninguna asistencia mientras se esté de guardia. Sobre esto, ambas partes quedaron en estudiar fórmulas presupuestariamente admisibles.
Por último, los supuestos de extranjería y las complejidades que suelen aparejar este tipo de expedientes, por la dificultad de identificar el domicilio o los ingresos del justiciable. Sobre este punto se acordó que, desde el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ), se analicen bien estos aspectos para justificar el reconocimiento de la justicia gratuita, lo que, sin duda, facilitará la ulterior tramitación del supuesto.