Todo ciudadano tiene derecho a la defensa y asistencia de Abogado (Art. 24 de la Constitución).

Todo ciudadano que no disponga de recursos suficientes tiene derecho a obtener asistencia jurídica gratuita en los términos que disponga la ley (Art. 119 de la Constitución).

Todo ciudadano, antes de contratar los servicios profesionales de un Abogado, tiene derecho a solicitar y obtener un presupuesto indicativo del coste económico que acarreará la tramitación profesional del asunto.

Todo ciudadano que utilice los servicios profesionales de un Abogado tiene derecho a formular ante el Colegio las quejas y/o reclamaciones que le puedan corresponder por una incorrecta prestación de los servicios por parte del Abogado.

Todo ciudadano, que haya contratado los servicios profesionales de un Abogado en calidad de cliente particular, tiene derecho a sustituirlo en cualquier momento y a exigir la devolución de la documentación entregada al mismo.