03/11/2023.- (Cinco Días) De tres años de espera para cobrar las deudas a 52 días. La nueva funcionalidad del Registro de Impagados Judiciales (RIJ), que permite enviar novedosos requerimientos de pago y advertir a los deudores de su posible inclusión automática en el Sistema de Información Crediticia de la Abogacía Española desde el propio juzgado, está registrando sus primeros casos de cobros exprés tras un año de funcionamiento.

Así lo demuestra una reciente resolución, de un juzgado de San Sebastián, que ha forzado a un procesado a abonar su deuda en dos meses. Cabe recordar que este tipo de reclamaciones tardan una media de tres años en ejecutarse, según recoge la última memoria del Consejo General del Poder Judicial.

La nueva funcionalidad del RIJ permite la inclusión de una cláusula de advertencia, bautizada como cláusula RIJ, dentro de los escritos judiciales. Dicha disposición, cuya inclusión es gratuita, manda un mensaje claro al demandado y le avisa que, en caso de perder el pleito, será incluido de forma automática y por la vía judicial en el sistema de impagados judiciales. De forma que la inclusión y la notificación será cursada por el propio juez que lo condenó, lo que genera presión, y además acelera el proceso de publicidad de las deudas.

Según explica Enrique Rodríguez Zarza, director general del RIJ, “hace un año presentamos la cláusula RIJ en el Congreso de la Abogacía de Málaga, despertando un gran interés entre los asistentes", y doce meses después "volvemos con la satisfacción de poder decir que el nuevo servicio del RIJ, pionero en nuestro país, es ya una realidad que cuenta con el aval, no sólo de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia".

El reciente aval de los jueces a esta nueva vía para reclamar impagos - el Tribunal Supremo se pronunció al respecto, avalando el sistema - ha tenido como resultado "cobros en tiempo récord”, asegura Zarza. Valorando el asunto de San Sebastián, el responsable del RIJ apunta que "se confirma que este innovador servicio del Sistema de Información Crediticia cuenta ya con pleno respaldo de la justicia española, lo que supone un paso de gigante en la lucha contra la morosidad en nuestro país"

Agilizar el cobro

Con el Registro de Impagados Judiciales, particulares, autónomos, PYMES o empresas, a través de sus letrados, tienen ya la opción de incluir a su deudor en el RIJ de manera gratuita y en el mismo procedimiento judicial. “Esta operativa es pionera en nuestro país y permite que los deudores se vean obligados a hacer frente a sus obligaciones dinerarias, ya que de lo contrario verán afectada su capacidad crediticia y reputación empresarial, siendo ya visible la deuda y accesible al sistema financiero y empresarial español”, ha explicado Zarza

“Esto quiere decir que el que no pague una pensión de alimentos o un alquiler, porque, de forma injustificada no quiera pagar, tendrá dificultades para financiar hasta la compra de un televisor o entablar una relación comercial”, ha señalado a modo de ejemplo.

Además, el director general del RIJ ha destacado “la importancia de poner a disposición de los despachos de abogados y departamentos jurídicos de las áreas de riesgo de las empresas una herramienta imprescindible no sólo para acelerar el recobro, sino para prevenir la morosidad, aportando información única y exclusiva, aportada por abogados, de la persona con la que vas a entablar una relación empresarial o profesional”.

Por su parte, el afectado tendrá la oportunidad de manifestar su acuerdo o desacuerdo con la deuda, permitiéndole ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o supresión y, además, no podrá negar el desconocimiento de la deuda reclamada judicialmente y que de forma contumaz se ha negado a pagar, ni se verá sorprendido por la inclusión en el citado fichero, según explican fuentes del CGAE.

“Su modelo de negocio, basado en la economía colaborativa, está permitiendo ya que más de 10.000 abogados compartan, en tiempo real, su información sobre deudas". El objetivo, señala Zarza, es que lo acaben utilizando los más de 165.000 letrados que hay en España.