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Novedades Jurisprudenciales

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301.- 13/10/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de julio de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: Daños imputados al TS, al TC y al CGPJ durante el periodo en que fue negado de forma indebida el reingreso en la carrera judicial de magistrado condenado por prevaricación. · Derecho Contencioso Administrativo
300.- 12/10/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de julio de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: Daños imputados al TS, al TC y al CGPJ durante el periodo en que fue negado de forma indebida el reingreso en la carrera judicial de magistrado condenado por prevaricación. · Derecho Contencioso Administrativo
299.- 11/10/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 24 de septiembre de 2021. INDEMNIZACIÓN POR VESTUARIO CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: Compensación económica por vestuario a todos los policías eximidos del uso de uniforme y no solo a los escoltas. · Derecho Contencioso Administrativo
298.- 06/10/2021 Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo. Sentencia de 30 de septiembre de 2021. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. ESTADO DE ALARMA. FALTA DE RESPETO Y CONSIDERACIÓN HACIA LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD. MULTA. NULIDAD. Referencia a la Sentencia del TC de 12 de julio de 2021 que declara inconstitucional determinados preceptos del RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma y sentencia del TEDH de 28 de agosto de 2018 que declara que aquellos que cumplen la función pública (autoridades, policía, etc.) deben tener más tolerancia que el ciudadano medio ante las faltas de respeto. A la vista de lo anterior NO CONSIDERA QUE LA ACTITUD DE LA SANCIONADA MEREZCA REPROCHE ALGUNO, AUN CUANDO SUS EXPRESIONES ("a mí nadie me dice lo que tengo que hacer ni donde ir. Voy donde me da la gana. No sois autoridad alguna") PUEDAN CONSIDERARSE POCO AFORTUNADAS, pues hay que tener en cuenta el momento temporal en el que se producen, y frente a unos Agentes que le impedían dirigirse a realizar la compra de alimentos donde la recurrente tenía por conveniente. · Derecho Contencioso Administrativo
297.- 05/10/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 19 de julio de 2021. DEUDAS SEGURIDAD SOCIAL. Posibilidad de embargo de sueldo y salario del cónyuge no deudor tras modificar el régimen económico matrimonial de gananciales, cuando no se ha liquidado la sociedad ni elaborado inventario. · Derecho Contencioso Administrativo
296.- 30/09/2021 Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo. Sentencia de 15 de septiembre de 2021. SANCIÓN IMPUESTA EN EL CONFINAMIENTO por un delito de desobediencia, al circular en su vehículo particular para acceder al puerto pesquero de Cudillero. NULIDAD. Devolución del dinero de la multa, más los intereses legales, y el pago de las costas. Sentencia facilitada por Bauche Abogados. · Derecho Contencioso Administrativo
295.- 29/09/2021 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sentencia de 17 de septiembre de 2021. COVID 19. PROHIBICIÓN DE ACCESO A RESIDENCIA DE MAYORES. Los magistrados destacan que la resolución de la Xunta se fundamentó en la Ley orgánica de 14 de abril de 1986, la cual habilita a las autoridades sanitarias para la adopción de este tipo de medidas “cuando aprecien indicios racionales de la existencia de un peligro para la salud de la población”. · Derecho Contencioso Administrativo
294.- 28/09/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de julio de 2021. GANANCIA PATRIMONIAL. DERECHO DE OPCIÓN DE COMPRA. AGRUPACIÓN DE INMUEBLES. VALOR DE MERCADO. CÓMPUTO: Desde la adquisición de los inmuebles originarios y no desde la fecha de la agrupación, sin perjuicio de la comprobación administrativa de dicha valoración. · Derecho Contencioso Administrativo
293.- 24/09/2021 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sentencia de 14 de septiembre de 2021. MÉDICOS EVENTUALES. GUARDIAS. IGUALDAD RETRIBUTIVA CON LOS FIJOS. La Sala entiende que los facultativos contratados como eventuales están siendo pagados por horas y no con arreglo a la estructura retributiva de todo el personal estatuario, sea fijo o temporal. · Derecho Contencioso Administrativo
292.- 20/09/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 22 de julio de 2021. SANCIÓN A MAGISTRADO POR SU RESISTENCIA A UTILIZAR LOS MEDIOS OFIMÁTICOS PUESTOS A SU DISPOSICIÓN. Jueces y magistrados están legalmente obligados a emplear los medios informáticos a la hora de confeccionar las minutas que deben trasladar a la oficina para que redacte el texto final de las resoluciones judiciales. Esta obligación no está condicionada a homologación alguna o al dictado de instrucciones de uso por el CGPJ, y tampoco puede escudarse el sancionado para negarse a utilizar esos medios en la patología que sufre en un dedo. · Derecho Contencioso Administrativo
291.- 16/09/2021 Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid. Sentencia de 20 de julio de 2021. PRIMERA SENTENCIA QUE ANULA UNA MULTA POR SALTARSE EL CONFINAMIENTO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA TRAS DECLARARSE INCONSITUCIONAL EL RD 463/20. La ausencia de restricción de efectos por el propio TC, en relación a las sanciones, determina la nulidad de pleno derecho del precepto y, si bien es efectiva desde la publicación de la sentencia en el BOE, comporta la expulsión del precepto del ordenamiento jurídico desde la misma fecha en que se produjo su entrada en vigor. · Derecho Contencioso Administrativo
290.- 15/09/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 19 de mayo de 2021. RESPONSABILIDAD SANITARIA. Error médico no causante de la muerte de la víctima. Menoscabo de su calidad de vida durante los cuatro años que sobrevivió a la operación. Indemnización. · Derecho Contencioso Administrativo
289.- 14/09/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 20 de julio de 2021. CESE. INTERINO DOCENTE. Un funcionario docente interino que ha sido cesado el 30 de junio y readmitido al inicio del curso escolar no tiene derecho a percibir retribuciones por este periodo cuando ni existe norma, pacto o acuerdo que así lo reconozca, y ha aceptado el cese. · Derecho Contencioso Administrativo
288.- 13/09/2021 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sentencia de 30 de abril de 2021. IMPONER EL USO RESIDENCIAL A LAS VIVIENDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA COMUNIDAD NO IMPIDE DESTINARLAS A ALOJAMIENTO TURÍSTICO. La vivienda no pierde su carácter residencial por estar destinada a alojamiento turístico temporal porque el uso propio de la residencia, ya sea provisional o permanente, tiene igual contenido. · Derecho Contencioso Administrativo
287.- 07/09/2021 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sentencia de 29 de julio de 2021. RESPONSABILIDAD SANITARIA. Paciente que acude tres veces a URGENCIAS aquejado de fuerte dolor abdominal y progresivo empeoramiento. VALORACIÓN DEL INFORME PERICIAL JUDICIAL emitido por facultativo que presta servicios para el mismo empleador que los facultativos que atendieron al paciente. RELACIÓN DE CAUSALIDAD: Falta de idoneidad de la asistencia prestada. La Sala aprecia “PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD para la salud del paciente, de la que fue privada por la administración sanitaria, derivada de no haber adoptado las medidas que la urgencia del caso, con su sintomatología y trayectoria requerían” INDEMNIZACIÓN. CUANTIFICACIÓN por el “error o desidia asistencial”. No aplicación del baremo de indemnización derivado de accidentes de tráfico. Datos objetivos: patología, gravedad de la pérdida, edad de la víctima y relación de parentesco de la reclamante e hijos no convivientes. · Derecho Contencioso Administrativo
286.- 06/09/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 19 de julio de 2021. SEGURIDAD SOCIAL. Deudas con la Seguridad Social generadas durante la vigencia del régimen económico de gananciales. Procede el embargo de sueldos y salarios del cónyuge no deudor adquiridos tras la modificación del régimen económico matrimonial cuando no se proceda a la disolución de la sociedad. · Derecho Contencioso Administrativo
285.- 03/09/2021 Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento: PS/00237/2021. SELECCIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO. CURRÍCULUM. El envío de un currículum comporta una cesión de datos de carácter personal que necesita tanto de un correcto tratamiento como de la información del mismo. La AEPD considera que se ha infringido “el artículo 13 del RGPD” de conformidad con el artículo 58.2 del RGPD”, que es el que establece la información que debe facilitarse cuando se obtienen datos personales del propio interesado, como ocurre a través de los formularios incluidos en una página web. Según la AEPD, la recepción de datos de carácter personal constituye un tratamiento de datos, respecto del cual el responsable ha de dar cumplimiento. · Derecho Contencioso Administrativo
284.- 02/09/2021 Agencia de Protección de Datos. Procedimiento PS/00300/2020. LAS NOTIFICACIONES DE APREMIO Y EMBARGO POR CARTA DEBEN RESPETAR LA INTIMIDAD DEL RECEPTOR. Ayuntamiento apercibido por enviar sobres de “providencia de apremio y de embargo” junto con el nombre y la dirección del destinatario. En el reverso de los sobres aparecían escritas estas palabras “Providencia de Apremio” y “Providencia de Embargo” muy visibles, en mayúsculas, junto con el nombre del destinatario y su dirección postal. La Resolución concluye que el consistorio cometió una infracción en materia de protección de datos, (artículo 32 del RGPD) haciéndose necesario un nivel de medidas que garanticen la seudoanonimización y cifrado de datos personales, que incluyen entre otras, la capacidad de garantizar "la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento". · Derecho Contencioso Administrativo
283.- 31/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 14 de julio de 2021. PLAN ESPECIAL URBANÍSTICO CLUBS CANNABIS. Incompetencia del Ayuntamiento para su regulación por su incidencia innegable sobre la delimitación del tipo pena. · Derecho Contencioso Administrativo
282.- 26/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 20 de julio de 2021. FUNCIÓN PÚBLICA. Cese de profesores interinos al finalizar el periodo lectivo del curso escolar. · Derecho Contencioso Administrativo
281.- 25/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 22 de julio de 2021. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE ANTIGÜEDAD. Reconocimiento y abono de los salarios de julio, agosto y días proporcionales de septiembre de los cursos lectivos en que no ha percibido salarios. No procede. aplicación del criterio sentado por la jurisprudencia. · Derecho Contencioso Administrativo
280.- 24/08/2021 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sentencia de 1 de junio de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA. Operación de cadera. Denegación de indemnización: no hubo una mala praxis por parte de los profesionales de traumatología que la atendieron, que "la lesión sufrida por la recurrente entra dentro de los riesgos inherentes a la operación quirúrgica que precisaba, riesgo del que había sido informada y que asume al firmar el consentimiento informado; riesgo que era estadísticamente poco probable frente a los beneficios que le podía reportar la operación, pero que desgraciadamente en su caso se materializó. · Derecho Contencioso Administrativo
279.- 23/08/2021 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia de 7 de mayo de 2021. PRESTACIÓN POR MATERNIDAD. Nacimiento por gestación subrogada. · Derecho Contencioso Administrativo
278.- 18/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 21 de julio de 2021. EXTRANJERÍA. ESTANCIA POR ESTUDIOS. PRÓRROGA. Antecedentes penales. Alcance. Valoración de las circunstancias. · Derecho Contencioso Administrativo
277.- 17/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 22 de julio de 2021. RECTIFICACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A UN EJERCICIO NO AFECTADO POR LA PRESCRIPCIÓN. Reconocimiento ex novo de bases imponibles negativas generadas en ejercicios prescritos. Compensación de bases imponibles negativas. · Derecho Contencioso Administrativo
276.- 11/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 30 de junio de 2021. GASTOS DE MANUTENCIÓN. Dietas y asignaciones IRPF: Exclusión como rendimientos íntegros de trabajo. Interpretación de los arts. 17 de la Ley 35/2006 y 9 del Real Decreto 439/2007. Carga de la prueba. Distinción entre relación tributaria principal y accesoria. Obligaciones formales del retenedor. Le corresponde al empleador acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o motivo. La Administración debe dirigirse al empleador para la acreditación de las citadas circunstancias. Estimar. · Derecho Contencioso Administrativo
275.- 10/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 1 de julio de 2021. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Ejecución de resolución del TEAC, con retroacción para que se motive la liquidación en cuando a la valoración de los bienes rústicos incluidos en la herencia. 1) La Administración tributaria no puede, en cumplimiento del deber de motivación del valor de los bienes -o de otros deberes formales- una vez ordenada la retroacción de las actuaciones a tal efecto, dictar una liquidación provisional -a cuenta de la que finalmente resulte- ni antes ni después de realizar la valoración motivada o de cumplir lo ordenado en la retroacción. 2) Sólo puede girarse liquidación provisional cuando concurra alguna de las circunstancias del art. 101 LGT, siempre que tal liquidación se adopte dentro de un procedimiento de inspección, sin que puedan considerarse como tales las actuaciones limitadas a ejecutar una resolución económico-administrativa. 3) La Administración tributaria incurre en exceso ilícito cuando adopta por su cuenta medidas distintas o ajenas de las directamente encaminadas a dar cumplimiento a lo ordenado por el TEAC, aquí motivar sus propios actos, sin que esa liquidación provisional guarde relación alguna, ni con la retroacción, ni con la actividad que debe realizarse al efecto para cumplir el fallo. · Derecho Contencioso Administrativo
274.- 06/08/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de julio de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Precisar que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar, si en reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de una prestación sanitaria, cuando el órgano judicial aprecia que la acción no ha prescrito, y no se ha emitido, en la vía administrativa, dictamen preceptivo del Consejo Consultivo autonómico, por considerar prescrita la acción, se debe acordar la retroacción de las actuaciones para que la Administración dicte una resolución sobre el fondo del asunto, una vez emitido dicho dictamen. · Derecho Contencioso Administrativo
273.- 29/07/2021 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra. Sentencia de 7 de mayo de 2021. VIVIENDA PROTEGIDA. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Anulada una multa por alquilar un piso de protección oficial. La Administración, no obstante, podrá exigir a los dueños el pago de lo que hayan ganado si continúan incumpliendo el decreto que les impide arrendar la vivienda hasta amortizar el préstamo. · Derecho Contencioso Administrativo
272.- 29/07/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 7 de julio de 2021. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA ROGADA Y CONGRUENCIA. La Sala considera que la Sentencia dictada en apelación es incongruente. En la demanda se había ejercitado una acción de nulidad de una cláusula por abusividad. En cambio, la Sala de Apelación declaró la nulidad de la cláusula por infracción del principio de buena fe contractual, al amparo de los artículos 7, 1.255 y 1.258 C.Civ. La Sentencia es incongruente dado que este tipo de nulidad debe invocarse expresamente en la demanda, a fin de que la parte demandada pueda defenderse. La sentencia recurrida, por tanto, alteró la causa de pedir, al conceder una pretensión que la demandante no había planteado en la instancia y, como consecuencia de ello, infringió los principios procesales de justicia rogada y congruencia. · Derecho Contencioso Administrativo
271.- 28/07/2021 Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 1 de Pontevedra. Sentencia de 21 de julio de 2021. REVOCACION DE MULTA POR SALTARSE EL CONFINAMIENTO TRAS EL RECIENTE FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. El Estado, según la sentencia, solicitó la suspensión del proceso por desconocer el contenido detallado de la sentencia del Tribunal Constitucional, a la espera de que se publique en el BOE. El magistrado, sin embargo, entiende que no es necesaria esa espera por la sencilla razón de que en el recurso de inconstitucionalidad ha sido parte el Poder Ejecutivo, representado y defendido por el abogado del Estado, quien ha recibido ya la notificación del contenido íntegro de la sentencia, que se ha publicado completa hace ya unos días en la web oficial. · Derecho Contencioso Administrativo
270.- 27/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia 29 de junio de 2021. ASILO. Procedimiento. Resolución. Falta de resolución y silencio positivo. Directiva 2013/31. Fecha de trasposición. Fecha de referencia. Procedimiento iniciado después de la Directiva pero antes de la fecha de trasposición. Recurso de casación. Improcedencia de examinar la cuestión casacional si no trasciende al recurso. · Derecho Contencioso Administrativo
269.- 27/07/2021 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 30 de abril de 2021. ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. Confirmación de la inscripción definitiva de una vivienda en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas como Vivienda de Uso Turístico. No resulta aplicable la disposición estatutaria que prohíbe expresamente que en las viviendas se desarrollen actividades profesionales, empresariales, mercantiles o comerciales de cualquier tipo. La vivienda no pierde su carácter residencial por estar destinada a alojamiento turístico temporal porque el uso propio de residencia, ya sea provisional o permanente, tiene igual contenido, sin que por ello pierda la condición de domicilio. El uso turístico no deja de tener carácter residencial aun siendo consecuencia de un previo uso empresarial. · Derecho Contencioso Administrativo
268.- 26/07/2021 Cuestión Vinculante nº V1635-21 DGT 28 de mayo de 2021. TELETRABAJO. CONEXIÓN A INTERNET. DEDUCCIÓN EN EL IRPF. Los teletrabajadores que paguen por su cuenta la conexión a internet no podrán deducirse su importe en la declaración de la renta. Esto se debe al artículo 19.2 de la ley del IRPF, que enumera los gastos deducibles de los rendimientos íntegros del trabajo, entre los cuales no se encuentran los gastos de conexión a internet de los asalariados, por lo que no son admisibles. · Derecho Contencioso Administrativo
267.- 20/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 30 de 06 de 2021. POSTULACIÓN PROCESAL. SUBSANACIÓN EN EL PLAZO SEÑALADO AL EFECTO. EFICACIA. No cabe declarar la inadmisibilidad porque la subsanación se produce transcurrido el plazo de interposición del recurso. · Derecho Contencioso Administrativo
266.- 19/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 24 de junio de 2021. ACCIDENTES “IN ITINERE”. FUNCIONARIOS. DERECHO A PENSIÓN EXTRAORDINARIA POR INCAPACIDAD PERMANENTE. · Derecho Contencioso Administrativo
265.- 15/07/2021 Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Tenerife. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 2. Auto de 14 de julio de 2021. DERECHOS FUNDAMENTALES. SALUD PUBLICA. La restricción de la libertad de circulación no es proporcionada para impedir botellones en espacios públicos. El Tribunal reitera que la Administración cuenta con otras normas no tan restrictivas de derechos fundamentales para evitar las aglomeraciones públicas nocturnas. · Derecho Contencioso Administrativo
264.- 15/07/2021 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con sede en Barcelona. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 3. Auto de 14 de julio de 2021. DERECHOS FUNDAMENTALES. SALUD PUBLICA. Las restricciones del derecho fundamental de reunión obedecen al súbito recrudecimiento de la pandemia tras un periodo de evolución descendente. Se trata de una respuesta imprescindible, adecuada y proporcionada ante una situación de riesgo para derechos fundamentales que en estos momentos deben primar, como son los relativos a la vida y a la salud. · Derecho Contencioso Administrativo
263.- 15/07/2021 Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con sede en Granada. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 1. Auto de 9 de julio de 2021. DERECHOS FUNDAMENTALES. SALUD PUBLICA. PASAPORTE COVID. La Sala considera que la orden de la Consejería de Salud no cumple los principios de motivación, proporcionalidad, necesidad e idoneidad necesarios en relación con la intensidad de la medida pretendida. Señala que “ni tan siquiera ha indicado qué alternativas tenía, ni ha justificado que esta fuera la única alternativa o que se trate de una medida totalmente indispensable”. No distingue a los ciudadanos que tienen pasaporte covid de los que no, “ni motiva por qué es necesario y proporcionado que se restrinja la libertad de los primeros, ni tampoco cuáles son los datos científicos que ha tenido en cuenta”, y por esto mismo es contraria al Derecho de la Unión, ya que ·la adopción de medidas respecto de quienes poseen pasaporte covid requiere que se motive de forma expresa por qué son necesarias para los mismos y qué datos científicos se han tenido en cuenta, datos que no menciona el único y escueto informe técnico aportado”. · Derecho Contencioso Administrativo
262.- 14/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso- Administrativo. Sentencia de 09 de junio de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SANITARIA. TRATAMIENTO SANITARIO CORRECTO. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SANITARIOS DEFECTUOSOS. Existencia de buena praxis. No se pide reclamación contra el laboratorio que elabora el medicamento defectuoso. RDL 1/2007, defensa de consumidores. Jurisprudencia de la Sala I. Posibilidad de aplicar dicha legislación al considerarse producto defectuoso. No existe responsabilidad sanitaria sino de quien legaliza la utilización del medicamento. Considera la Sala que procede "reclamar los perjuicios causados, como consecuencia de la aplicación del gas tóxico de referencia, bien del fabricante, bien del distribuidor, bien de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, o de todos ellos, en el plazo de un año a partir de la notificación de la presente sentencia”. · Derecho Contencioso Administrativo
261.- 13/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 30 de marzo de 2021. Interpretación del artículo 14.1.e) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo: Los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades; serán deducibles, aquellas disposiciones - contable y contabilizado- a título gratuito con clientes por relaciones públicas usuales. · Derecho Contencioso Administrativo
260.- 12/07/2021 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Coruña (A) Sección: 1 Fecha: 28/04/2021 Nº de Recurso: 477/2020 Nº de Resolución: 251/202 RESPONSABILIDAD ADMINISTRACION SANITARIA. Reclamación de indemnización por daños de procedimiento anestésico epidural aplicado en parto natural. DOCTRINA DEL DAÑO DESPROPORCIONADO. Reparación integral del daño. · Derecho Contencioso Administrativo
259.- 08/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 24 de junio de 2021. ACCIDENTES “IN ITINERE”. FUNCIONARIOS. DERECHO A PENSIÓN EXTRAORDINARIA POR INCAPACIDAD PERMANENTE. · Derecho Contencioso Administrativo
258.- 06/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 14 de junio de 2021. POSIBILIDAD DE REVISAR EL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE AL TIEMPO DE IMPUGNAR UNA LIQUIDACIÓN DE IBI CUANDO CONCURREN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES SOBREVENIDAS. DIFERENCIACIÓN ENTRE GESTIÓN CATASTRAL Y GESTION TRIBUTARIA. · Derecho Contencioso Administrativo
257.- 02/07/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 1 de junio de 2021. NO VULNERA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EL ACUERDO QUE LIMITA LA EXTENSIÓN DE LOS ESCRITOS DE RECURSO. Rechazando los argumentos del ICA Madrid, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS ha declarado que resulta conforme al Derecho el apartado 9 del Acuerdo adoptado en 2019 por la junta sectorial de magistrados de las secciones civiles y de la sección mercantil de la AP de Madrid, referido al límite de la extensión de los escritos de recurso. · Derecho Contencioso Administrativo
256.- 24/06/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 6 de mayo de 2021. EXTRANJERÍA. Autorización de residencia temporal por razones de arraigo laboral: Acreditación de la relación laboral. Medios de prueba del art. 124.1 del RD 557/2011: Sienta doctrina. · Derecho Contencioso Administrativo
255.- 22/06/2021 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sentencia de 11 de junio de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. Demanda frente al SESPA Y SU ASEGURADORA por defectuoso funcionamiento del Servicio Público de Salud Y FALTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. Infección NOSOCOMIAL originada por la intervención quirúrgica (Bacteria de quirófano). Falta de actividad probatoria por la Administración sanitaria tendente a acreditar que se han agotado las medidas profilácticas previas a la intervención, durante la misma, y posteriores a esta, tendentes a eliminar o minimizar las posibilidades de generar una infección consecuencia de la intervención, cuando lo que se detecta es un patógeno que suele estar relacionado con las intervenciones en el ámbito sanitario”. *TRATAMIENTO POSTERIOR A LA PUNCIÓN INADECUADO. PROLONGACION DE LA RECUPERACION E INCREMENTO DE LAS SECUELAS. INDEMNIZACIÓN. · Derecho Contencioso Administrativo
254.- 18/06/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 31 de mayo de 2021. GAS. Repercusión por parte de la empresa distribuidora de gas del coste del deterioro de los contadores a los usuarios a los que los tiene arrendados. · Derecho Contencioso Administrativo
253.- 17/06/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 31 de mayo de 2021. RECURSO DE CASACIÓN. IIVTNU. Solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de una liquidación firme de dicho impuesto amparada en la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Cauces de la solicitud: Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria. La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en el supuesto de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217.1.a) de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos actos tributarios no han lesionado como se invocaba- derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) no es un derecho fundamental de esa naturaleza. Estimación del recurso de casación y estimación, en parte, del contencioso-administrativo solo en la medida en que se impugnaba una resolución municipal que, erróneamente, calificó la petición de devolución de ingresos como recurso de reposición. · Derecho Contencioso Administrativo
252.- 11/06/2021 Tribunal Superior de Justicia. Auto de 10 de junio de 2021. NO RATIFICA MEDIDAS DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO RELATIVAS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y OCIO NOCTURNO. El Pleno de la Sala de lo Contencioso considera que la propuesta de hacer listas de asistentes o clientes en restaurantes y bares de copas está supeditado a la protección de datos y al consentimiento individual y no puede generalizarse por razones sanitarias a todo tipo de estos establecimientos. · Derecho Contencioso Administrativo
251.- 10/06/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 1 de junio de 2021. SE PUBLICA LA SENTENCIA DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DEL PASADO 1 DE JUNIO, REFERIDA AL LÍMITE DE EXTENSIÓN DE LOS ESCRITOS DE RECURSOS DE APELACIÓN FIJADO POR ACUERDO SECTORIAL DE MAGISTRADOS DE LAS SECCIONES CIVILES GENERALES Y DE LA SECCIÓN MERCANTIL DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. · Derecho Contencioso Administrativo
250.- 09/06/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de abril de 2021. DERECHO DE INFORMACIÓN. CONSENTIMIENTO. SANCIÓN DISCIPLINARIA. Empleada pública sancionada disciplinariamente como autora de la comisión de una falta disciplinaria grave, consistente en evadir los sistemas de control de horarios, en base a unas grabaciones obtenidas por las cámaras de videovigilancia de la Delegación en la que trabajaba. Se establece que no se vulnera el derecho de información de la funcionaria dado que la captación de imágenes no se realizó mediante la instalación de nuevas cámaras instaladas específicamente, sino con las cámaras existentes. Dichas cámaras tienen como finalidad la seguridad y control laboral y, además, su presencia ya era conocida por el personal de la Delegación. · Derecho Contencioso Administrativo
249.- 07/06/2021 Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento PS / 00474/ 2020. Mayo de 2021. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA PRIVACIDAD EN RELACIÓN CON LAS COMUNICACIONES NO SOLICITADAS, CON LOS DATOS DE TRÁFICO Y DE LOCALIZACIÓN Y CON LAS GUÍAS DE ABONADO. VODAFONE ES SANCIONADA CON 50.000 EUROS POR SUS LLAMADAS COMERCIALES INSISTENTES Y CONTINUADAS A PESAR DE QUE EL AFECTADO YA HABÍA EJERCIDO, PREVIAMENTE, EL DERECHO DE OPOSICIÓN ANTE LA COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES A RECIBIR LLAMADAS. El afectado aporta un listado con más de 250 llamadas entrantes que manifiesta ser de contenido profesional a favor de Vodafone. · Derecho Contencioso Administrativo
248.- 04/06/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 6 de mayo de 2021. EXTRANJERÍA. SOLICITUD DE RESIDENCIA TEMPORAL POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES DE ARRAIGO LABORAL (Artículo 124.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). Acreditación de la relación laboral y de su duración: No limitación de medios de prueba. Desestimación. · Derecho Contencioso Administrativo
247.- 02/06/2021 Tribunal Económico Administrativo Central. Sentencia de 22 de abril de 2021. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. EXENCIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR CESE O DESPIDO DEL TRABAJADOR, EN LA CUANTÍA ESTABLECIDA CON CARÁCTER OBLIGATORIO EN EL ET. PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN IURIS TANTUM DEL ARTÍCULO 1 DEL RIRPF, BASTA CON QUE EN LOS TRES AÑOS SIGUIENTES A SU DESPIDO O CESE EL TRABAJADOR VUELVA A PRESTAR SERVICIOS A LA MISMA EMPRESA O A OTRA EMPRESA VINCULADA A AQUÉLLA EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO PRECEPTO, SIN QUE SEA NECESARIA LA APRECIACIÓN DE UNA FINALIDAD FRAUDULENTA EN LA NUEVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. LA INEXISTENCIA DE ÁNIMO DEFRAUDATORIO EN LA NUEVA RELACIÓN CON LA MISMA EMPRESA U OTRA VINCULADA, NO CONLLEVA LA APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 7.E) DE LA LIRPF. UNIFICA CRITERIO. · Derecho Contencioso Administrativo
246.- 27/05/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 21 de abril de 2021. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO AL QUE REMITE RESOLUCIÓN DE JURISDICCIÓN CIVIL QUE DECLARA SU FALTA DE JURISDICCIÓN. Plazo general del artículo 46 LJCA. · Derecho Contencioso Administrativo
245.- 27/05/2021 Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga. Sentencia de 29 de abril de 2021. DERECHO AL HONOR. COMPAÑÍA DE TELEFONIA. Inclusión en fichero de morosos. · Derecho Contencioso Administrativo
244.- 21/05/2021 Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Sala de lo Contencioso - Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2021. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. Medicamentos. Vulneración del derecho a la igualdad. Reconocimiento del derecho del menor a que le sea establecido y financiado por el Servicio Murciano de Salud el tratamiento farmacológico con Velmanasa Alfa como medicamente extranjero. La falta de suministro del medicamento produce una vulneración del derecho a la igualdad, puesto que ha quedado demostrado que existen menores, con igual padecimiento, que sí están recibiendo el tratamiento financiado por las Comunidades Autónomas, con efectos positivos demostrados, y se ha proporcionado no sólo como uso compasivo sino como medicamento extranjero. No se aprecia vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y moral. · Derecho Contencioso Administrativo
243.- 18/05/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 22 de abril de 2021. IVA. DEDUCCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES QUE SE DESTINAN A ATENCIONES A CLIENTES MEDIANTE SU ENTREGA GRATUITA A ESTOS. AUTOCONSUMO. NO DEDUCIBILIDAD DE LAS CUOTAS SOPORTADAS EN LA ADQUISICIÓN DE TALES BIENES. El artículo 96.Uno, 5º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a la luz de artículos 16, 168.a) y 176 de la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, no se opone al derecho de la Unión Europea, según se deriva directamente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Doctrina que reitera la establecida en la sentencia de 25 de septiembre de 2020, recurso de casación nº 2989/2017. · Derecho Contencioso Administrativo
242.- 17/05/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 30 de marzo de 2021. CONCEPTO DE DONATIVOS Y LIBERALIDADES NO DEDUCIBLES COMO GASTO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. DELIMITACIÓN. Los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales las disposiciones de significado económico, susceptibles de contabilizarse, realizadas a título gratuito. · Derecho Contencioso Administrativo
241.- 14/05/2021 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala Contencioso Administrativo. Pleno. Auto de 12 de mayo de 2021. RATIFICA LAS CLASES NO PRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO HASTA QUE FINALICE EL CURSO ACADÉMICO. La medida venía siendo prorrogada desde el 19 de abril. Ha dictado Auto por el que se acuerda autorizar y ratificar las medidas aprobadas en virtud de la Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, que prorroga las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contenidas en la Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, en cuanto se refiere a la suspensión de la actividad presencial en la enseñanza universitaria, por un periodo correspondiente a lo que resta del presente curso académico 2020-2021. · Derecho Contencioso Administrativo
240.- 13/05/2021 Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo. Sentencia de 5 de mayo de 2021. UN JUEZ OBLIGA A CONTRATAR A UNA MUJER EXCLUIDA DE UN PLAN LOCAL EN LANGREO. La mujer estaba dada de alta en la Seguridad Social como cuidadora de un familiar aunque no recibía por este trabajo contraprestación económica alguna. · Derecho Contencioso Administrativo
239.- 10/05/2021 Juzgado Contencioso Administrativo número 14 de Madrid. Sentencia de 22 de abril de 2021. INCUMPLIMIENTO DE LA LIMITACIÓN DE MOVILIDAD EN EL ESTADO DE ALARMA. Sanción. · Derecho Contencioso Administrativo
238.- 07/05/2021 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 2 de marzo de 2021. DERECHO A ELEGIR LA BASE REGULADORA MÁS FAVORABLE AL FUNCIONARIO QUE SE JUBILA. Ha tumbado la resolución del TEAC que había desestimado la reclamación de un profesor universitario jubilado que había simultaneado su dedicación a la docencia con un empleo en Telefónica y al que no le reconocieron su derecho a elegir entre Clases Pasivas y el Régimen General de la Seguridad Social. · Derecho Contencioso Administrativo
237.- 05/05/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 14 de abril de 2021. COMPARECENCIA SIN PODER DE REPRESENTACIÓN O APODERAMIENTO APUD ACTA. SUBSANACIÓN. Interpretación de las normas de la LOPJ y de la LJCA. Doctrina constitucional sobre la interpretación de las causas de inadmisión. Estimación. Retroacción de actuaciones. · Derecho Contencioso Administrativo
236.- 04/05/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 21 de abril de 2021. FAMILIA NUMEROSA. Significado de "parto múltiple" a efectos de acceder a la categoría de familia numerosa especial: art. 4.1.a) de la ley 40/2003, de protección de las familias numerosas. · Derecho Contencioso Administrativo
235.- 30/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso - Administrativo. Sentencia de 25 de marzo de 2021. SUBVENCIONES. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO. Actuaciones de comprobación. Caducidad. Prescripción. El procedimiento de comprobación que concluye con el acuerdo de liquidación -y que es previo a la apertura del procedimiento de reintegro- no constituye un procedimiento administrativo autónomo que como tal esté sujeto a plazo de caducidad, de conformidad con los artículos 39, 42 y 49.7 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. · Derecho Contencioso Administrativo
234.- 30/04/2021 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso - Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2021. COVID-19. ORDENA A LA GENERALITAT A VACUNAR CONTRA EL COVID-19 A LOS AGENTES DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL DESTINADOS EN CATALUÑA. El Tribunal da diez días al Departament de Salut para que iguale la proporción de vacunación de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional con el resto de cuerpos en los que sí se ha aplicado el plan de vacunación. · Derecho Contencioso Administrativo
233.- 29/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 25 de marzo de 2021. ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR HOSPITALES PÚBLICOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE ASEGURADOS, AFILIADOS O BENEFICIARIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DETERMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (PENITENCIARIA O SANITARIA) QUE DEBE HACER FRENTE AL COSTE (PRECIO PÚBLICO) DE TAL PRESTACIÓN. La Jurisdicción Contencioso-administrativa es la que tiene atribuida la potestad de juzgar el asunto, aunque la cuestión se refiera a prestaciones de la Seguridad Social, pues no está concernido el derecho a la asistencia, sino el reparto de costes entre dos administraciones públicas del precio público derivado de aquella prestación. A falta de convenio de colaboración -incumpliendo el artículo 207.2 del Reglamento Penitenciario- la normativa aplicable abona que sea la Administración del Estado -Instituciones Penitenciarias- quien satisfaga esos costes: (i) por la relación de sujeción especial que liga al interno con tal Administración, (ii) por la obligación ex lege de garantizar su salud y (iii) por la inexistencia de precepto alguno que permita excluir aquella financiación por la sola condición del preso como beneficiario de la Seguridad Social. · Derecho Contencioso Administrativo
232.- 28/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 25 de marzo de 2021. BASE IMPONIBLE. Determinar si la reducción en la base imposible del IRPF por el pago de pensiones compensatorias cabe ser aplicada únicamente cuando la aprobación de la pensión se lleva a cabo por resolución judicial o, por el contrario, cabe interpretar que abarca también a los supuestos de fijación mediante un convenio regulador formalizado ante el letrado de la administración de justicia o el notario, en virtud del régimen de separación o divorcio de mutuo acuerdo. · Derecho Contencioso Administrativo
231.- 27/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 25 de marzo de 2021. RESIDENCIA TEMPORAL EN ESPAÑA. Arraigo laboral. Puede acreditarse por cualquier medio de prueba válido. · Derecho Contencioso Administrativo
230.- 16/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Auto de 29 de enero de 2021. JURA DE CUENTAS. PLAZOS PARA RECLAMAR HONORARIOS: DOS AÑOS ESTANDO EL PLEITO EN PRIMERA INSTANCIA, O UN AÑO, SI ESTUVIESE PENDIENTE DE SEGUNDA INSTANCIA O DE RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL O DE CASACIÓN. Artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: plazo de un año. Caducidad concurrente. · Derecho Contencioso Administrativo
229.- 15/04/2021 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sentencia de 9 de abril de 2021. PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA EDUCACIÓN. ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. EDUCACIÓN INCLUSIVA. La Sentencia acoge los argumentos de la parte demandante y considera que no se pueden establecer las mismas necesidades para un mismo grupo cuando no tienen las mismas necesidades un alumno con discapacidad sensorial, que motora, que intelectual, e incluso, dentro de estos grupos, tampoco son las mismas necesidades de los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista, cada uno de ellos tienen sus propias necesidades específicas Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, según su propio concepto trata de dar respuesta a esas necesidades específicas de cada alumno y alumna. La atención grupal y por aula en función de los medios y recursos disponibles en cada centro, resulta evidente que no responde a las exigencias legales y necesidades concretas de cada alumno, resultando parcialmente contraria a la educación inclusiva reconocida por la LO 2/2006 de Educación. CONDENA A LA CONSEJERÍA A DOTAR AL COLEGIO DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR QUE EL MENOR RECIBA APOYOS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA DE MANERA INTENSIVA. · Derecho Contencioso Administrativo
228.- 15/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 7 de abril de 2021. PAREJA DE HECHO. PENSIÓN DE VIUDEDAD. ART. 38.4 RD LEGISLATIVO 670/1987: ACREDITACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESTABLE Y NOTORIA ANTERIOR AL FALLECEMIENTO DEL CAUSANTE POR AL MENOS CINCO AÑOS Y LA FORMACIÓN DE PARAJEA DE HECHO. El TS fija como doctrina que “la prueba de la existencia de una pareja de hecho no solo puede acreditarse a los efectos del reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad mediante los medios señalados en el art. 38.4 RD Legislativo 670/1987 (…), sino también mediante el certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido en derecho que demuestre la convivencia de manera inequívoca. · Derecho Contencioso Administrativo
227.- 14/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 17 de marzo de 2021. NACIONALIDAD. Denegación por razones de orden público. Alcance de la justificación por la administración aun tratándose de informes reservados. Jurisprudencia. · Derecho Contencioso Administrativo
226.- 09/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de febrero de 2021. REINVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL. DEDUCCIÓN IRPF. REINVERSIÓN EN FASE DE CONSTRUCCIÓN. La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS confirma la sentencia del TSJ catalán al no haber lugar al recurso contra la misma. El TS confirma así que la reinversión en vivienda habitual en fase de construcción dentro del plazo de 2 años da lugar a poder ejercer el derecho de exención del IRPF por ésta. · Derecho Contencioso Administrativo
225.- 08/04/2021 Juzgado Central Contencioso - Administrativo número 8. Sentencia de 31 de marzo de 2021. DIEGO PEREZ DE LOS COBOS. ANULACION CESE. CONDENA AL MINISTERIO DE INTERIOR A SU REINGRESO EN EL PUESTO. Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, el magistrado explica que se motivó por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento, todo ello en el marco de la investigación judicial por el 8 M abierta en el juzgado 51 de Madrid, que había impuesto a Pérez de los Cobos el deber de reserva. “Lo que es indiscutible es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la Magistrada a la UOPJ, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, indica el magistrado. ““No constando -añade- en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal.” EJERCICIO DESVIADO DE LA POTESTAD DISCRECIONAL. MOTIVACION ILEGAL. “El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos. Es por ello que el ejercicio de las potestades discrecionales está sujeto al control jurisdiccional en los términos expuestos”, concluye. · Derecho Contencioso Administrativo
224.- 07/04/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Militar. Sentencia de 17 de marzo de 2021. CONFIRMA LA SANCIÓN A UN TENIENTE CORONEL EN SITUACIÓN DE RESERVA POR QUEBRANTAR EL DEBER DE NEUTRALIDAD POLÍTICA EN LA PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCUO. La Sala considera que concurren todos los requisitos para calificar su conducta como una falta grave prevista en el artículo 7, apartado 32, del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. · Derecho Contencioso Administrativo
223.- 06/04/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 8 de febrero de 2021. DETERMINA CUÁNDO UN CONTRATO ES MIXTO Y LOS CRITERIOS PARA LICITARLO COMO TAL. Es preciso que las prestaciones estén racional y directamente vinculadas entre sí y el poder adjudicador debe justificar con pruebas objetivas que es necesario celebrar un único contrato. · Derecho Contencioso Administrativo
222.- 30/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 11 de marzo de 2021. ARTICULO 91.1 LJCA: Si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la AEAT la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto, EL ACTO DICTADO CON BASE EN UNOS DATOS TRIBUTARIOS CEDIDOS SERÁ CONFORME A DERECHO SI LA CESIÓN RESPETA LAS REGLAS DEL ARTÍCULO 95.1 DE LA LGT. · Derecho Contencioso Administrativo
221.- 26/03/2021 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 9 de Febrero de 2021. EL CARGO DE REPRESENTANTE SINDICAL NO PUEDE SERVIR DE EXCUSA PARA ACCEDER A TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN LABORAL. Dando respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, el Supremo realiza un estudio del alcance de la protección de datos de carácter personal y concluye que la denegación de la información laboral solicitada no ha supuesto vulneración de la libertad sindical. · Derecho Contencioso Administrativo
220.- 25/03/2021 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao. Sentencia de 10 de febrero de 2021. INFRACCIÓN GRAVE DEL ARTÍCULO 36.6 DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. ESTADO DE ALARMA. Menor (denunciado y sancionado) que se hallaba en la vía pública sentado en un banco fumando en compañía de otra persona. FALTA DE TIPICIDAD. · Derecho Contencioso Administrativo
219.- 23/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 24 de febrero de 2021. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO. Solicitud al Ayuntamiento de información de bienes inmuebles exentos del IBI (domicilios, cuantía y causa de exención, y la titularidad si recae en el Estado, CCAA y Entidades Locales). Límites al acceso a la información. Interpretación restrictiva de los límites · Derecho Contencioso Administrativo
218.- 19/03/2021 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sentencia de 1 de febrero de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. INDEMNIZACIÓN A DOS HERMANAS DE UNA PACIENTE FALLECIDA POR LA FALTA DE UN DESFIBRILADOR Y UN MÉDICO. · Derecho Contencioso Administrativo
217.- 18/03/2021 Agencia Estatal de Protección de Datos. PS 405/20. 15 de marzo de 2021. USO NO AUTORIZADO, POR ASOCIACION CULTURAL, DE LA IMAGEN DE UN MENOR SIN CONSENTIMIENTO DE QUIENES OSTENTAN LA PATRIA POTESTAD O TUTELA. Difusión en varios grupos de mensajería instantánea. Sanción 3.000,00 €. · Derecho Contencioso Administrativo
216.- 16/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 20 de enero de 2021. ABOGADO. INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN POR SU ACTUACIÓN DE DEFENSA PROCESAL EN UN LITIGIO CUYA DURACIÓN SE HAYA EXTENDIDO MÁS DE DOS AÑOS. Cuando se perciban de una sola vez o en varias, en el mismo ejercicio, se considerarán generados en un periodo superior a dos años a los efectos de acogerse a la reducción de los rendimientos netos prevista al efecto en el art. 32.1, párrafo primero, de la LIRPF · Derecho Contencioso Administrativo
215.- 16/03/2021 Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra. Sección 1ª. Sentencia de 3 de marzo de 2021. TRÁFICO Y CIRCULACIÓN. PRUEBAS IDÓNEAS PARA PODER PRECISAR EL CONSUMO ESPORÁDICO E INMEDIATO DE DROGAS POR EL CONDUCTOR DE UN VEHÍCULO: Análisis de saliva o sangre. La prueba de análisis del cabello del conductor carece de utilidad en esta materia de tráfico y circulación · Derecho Contencioso Administrativo
214.- 15/03/2021 Agencia Española de Protección de Datos. Procedimiento Sancionador Nº: PS/00376/2020 (Publicación 9 de marzo de 2021). AEPD. VULNERACION DEBER DE CONFIDENCIALIDAD. Infracción de los arts. 32 y 5.1.f) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El reclamante (Vicepresidente de una comunidad de propietarios) solicitó a la asesoría (reclamada) una copia de un certificado emitido de reclamación de deuda de un copropietario deudor. En cambio, esta última, en vez de enviarle el citado documento, le remitió una copia de un certificado de deuda, pero perteneciente a un tercero, vulnerando así el deber de confidencialidad. · Derecho Contencioso Administrativo
213.- 15/03/2021 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso Administrativo. Auto de 14 de marzo de 2021. SE DENIEGA LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN INSTADA POR LOS LETRADOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID RESPECTO DEL DECRETO 15/2021, DE 10 DE MARZO, DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE DISOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID Y DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES. Considera la Sala que “ejercitada por la Presidencia de la Comunidad de Madrid tal facultad estatutaria de disolución anticipada de la Asamblea de Madrid -cumpliendo las exigencias impuestas legal y estatutariamente para la adopción de tal acuerdo-, la validez y eficacia del correspondiente Decreto no pueden verse comprometidas por la presentación ulterior de una o varias mociones de censura. Sostener lo contrario dejaría, eventualmente, a la mera voluntad del número de diputados que ostentaran la representación exigida para presentar una moción de censura -15 por 100- el eficaz ejercicio de aquella potestad, bastando con presentarla con posterioridad a la adopción del acuerdo de disolución para privarle de virtualidad alguna” Así, señala que el Decreto en que se acordó la disolución anticipada de la Asamblea y la convocatoria electoral debía publicarse al día siguiente de su expedición (Art. 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General), por lo que es natural que entre aquél y su publicación transcurra tiempo suficiente para posibilitar la presentación de una o varias mociones de censura, sustentando su pretensión la parte recurrente en una interpretación de la normativa expuesta que supone, de facto, vaciar de contenido la facultad de disolución anticipada de la Asamblea conferida por el Estatuto de Autonomía a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Finalmente, respecto a la alegación formulada por los Letrados de la Asamblea de Madrid acerca de la posible vulneración del derecho fundamental de los Diputados autonómicos reconocido en el artículo 23 de la Constitución, la Sala se remite a las palabras del Tribunal Constitucional en STC 89/2019, de 2 de julio: “…, los derechos de los miembros de la cámara cuya disolución anticipada se previó y los de la ciudadanía por ellos representada (art. 23.1 y 2 CE) no resultaron dañados, como no lo son nunca por la aplicación de las reglas, constitucionales y estatutarias, que apoderan para la convocatoria de elecciones antes de que llegue a término una legislatura”. · Derecho Contencioso Administrativo
212.- 15/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 18 de febrero de 2021. IAE. La actividad de calentamiento o la cocción final, mediante horneado, en los puntos de venta de los productos de panadería, precocidos y congelados, no constituye fabricación de pan a los efectos de su encuadramiento en el epígrafe 644.2 de las Tarifas del lAE, porque se integra en la actividad más amplia de comercio al por menor de productos alimenticios, encuadrable en otros epígrafes. · Derecho Contencioso Administrativo
211.- 11/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 25 de febrero de 2021. INTERPRETACIÓN DE LA EXENCIÓN REGULADA EN EL 7P) DE LA LIRPF. HAN DE COMPUTARSE LOS DÍAS DEL DESPLAZAMIENTO. "Trabajos efectivamente realizados en el extranjero", comprenden los días de llegada y de partida. · Derecho Contencioso Administrativo
210.- 09/03/2021 Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Valencia. Sentencia de 25 de febrero de 2021. PAGO ENTRE EMPRESAS CON CHEQUE AL PORTADOR. INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA FINANCIERA SOBRE OPERACIONES CON EFECTIVO. ANULACION DE LA SANCIÓN AL SER CONTRARIA A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE. La medida es desproporcionada e innecesaria para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. · Derecho Contencioso Administrativo
209.- 09/03/2021 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso - Administrativo. Sentencia de 15 de diciembre de 2020. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS. ACTAS DE CONFORMIDAD. Las liquidaciones derivadas de actas de conformidad son susceptibles de impugnación, si bien limitada a las cuestiones o calificaciones de carácter jurídico, no a los elementos fácticos de la misma · Derecho Contencioso Administrativo
208.- 05/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 12 de febrero de 2021. OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDA. EL JUEZ DEBE COMPROBAR SI EXISTEN MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTES DE AUTORIZAR EL DESALOJO DE UNA VIVIENDA CON MENORES. El TS señala que el juez antes de autorizar la entrada en un domicilio para el desalojo forzoso debe comprobar que la Administración ha previsto medidas “adecuadas y suficientes” para que el desalojo cause el menor impacto posible a aquellos ocupantes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad” con los menores. · Derecho Contencioso Administrativo
207.- 03/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso número 5. Sentencia de 08 de febrero de 2021. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR. STC 59/2017, DE 11 DE MAYO. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA). Inconstitucionalidad de determinados artículos del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. Valor de los precios escriturados frente a valores catastrales en situación de crisis económica. Doctrina Jurisprudencial. · Derecho Contencioso Administrativo
206.- 03/03/2021 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sentencia de 3 de febrero de 2021. LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA ESTÁN OBLIGADOS A PRESENTAR CERTIFICADO NEGATIVO DE DELITOS SEXUALES ANTES DE EMPEZAR LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS. Esta exigencia no tiene naturaleza sancionadora ni restringe el derecho a la educación, justificándose en la prevalencia del mandato constitucional de protección de los menores con los que pueden entrar en contacto los estudiantes en el ejercicio de las prácticas clínicas obligatorias. · Derecho Contencioso Administrativo
205.- 01/03/2021 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 4 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA: DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL TERRENO EN EL MOMENTO DE LA TRANSMISIÓN CUANDO NO ESTABA INDIVIDUALIZADO EL MISMO EN LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE. Necesidad de fijarlo cuando no son comparables las magnitudes de compra y venta (la adquisición se refería solo al terreno y la transmisión se proyectaba sobre el total del bien inmueble, esto es, suelo más construcción, para determinar si existía o no incremento gravable (y, por tanto, el hecho imponible del impuesto que nos ocupa).El método consistente en la proporción que represente en la fecha de la transmisión el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total del bien inmueble puede ser apto para obtener el valor del terreno cuando no se conozca el valor atribuido al suelo, pero no puede otorgarse a dicho método el carácter de exclusivo o único ni, desde luego, imponerse a cualesquiera otros medios de prueba admitidos en derecho, que podrán ser legítimamente utilizados por el interesado para determinar el valor del suelo y que serán libremente valorados por el órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica. · Derecho Contencioso Administrativo
204.- 25/02/2021 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sentencia de 10 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: ADOPCIÓN FALLIDA. INDEMNIZACION. La Conselleria de Política Social no tiene que indemnizar a una pareja por la fallida adopción de un niño etíope en concepto de gastos de gestión y tramitación y de los daños morales. Los magistrados alegan que en la tramitación no pueden garantizar el éxito de la adopción, ni deben hacerlo, pues una adopción transnacional está sujeta a una multitud de circunstancias, contratiempos y riesgos. · Derecho Contencioso Administrativo
203.- 25/02/2021 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Auto de 15 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: DENEGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELARÍSIMA DEL LEVANTAMIENTO INMEDIATO DE LAS RESTRICCIONES EN LA HOSTELERIA ASTURIANA. La Sala no encuentra razones de urgencia en la situación del sector que considera insostenible la situación. Continuación de la tramitación de la medida como cautelar. · Derecho Contencioso Administrativo
202.- 23/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 4 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: DECLARACIÓN UTILIDAD PÚBLICA. ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE. Contenido del derecho fundamental a la vida y su vinculación con la posibilidad de prestar asistencia en el momento final de la vida. ámbito del derecho a la vida. · Derecho Contencioso Administrativo
201.- 22/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: DIES A QUO. El dies a quo del plazo de prescripción de las cuotas de la seguridad social. es la fecha en que finalice el plazo de ingreso de aquéllas. arts. 42.1 y 56.1 del reglamento general de recaudación de la seguridad social (Real Decreto 1415/2004). · Derecho Contencioso Administrativo
200.- 19/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 4 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: FUNCIONARIO DE POLICIA QUE COMETE DELITO DE DETENCION ILEGAL. PERDÓN DE LA VÍCTIMA Y LA REPARACIÓN ECONÓMICA DEL DAÑO. No rehabilitación. Perjuicio imagen Cuerpo Nacional de la Policía. · Derecho Contencioso Administrativo
199.- 18/02/2021 Tribunal Supremo. Auto de 16 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: MEDIDAS CAUTELARES. LIMITACION DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS. Suspensión de la vigencia del acuerdo de 16/01/ 2021, del Presidente de la Junta de Castila y León, que estableció el inicio del horario de limitación de la libertad de circulación de las personas, en todo el territorio de Castilla y León, a partir de las 20,00 horas. El auto valora que « […] la consumación de una restricción ilegítima del derecho fundamental sería absolutamente irreparable y la sentencia inefectiva (art. 129.1 LJCA), y lo sería para todos los ciudadanos afectados […]» y destaca que « [e]n este momento procesal y a los solos efectos de resolver sobre la medida cautelar, consideramos que la argumentación de la Junta de Castilla y León para sostener que dispone de la facultad de agravar la restricción de la libertad de circulación es, in icto oculi, esto es, de un vistazo, contraria a la predeterminación que viene impuesta por la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, de estados de alarma excepción y sitio […]», ya que « […] todo el alcance de la limitación de los derechos fundamentales afectados por el estado de alarma debe estar expresamente previsto en dicha norma […]». · Derecho Contencioso Administrativo
198.- 17/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 21 de enero de 2021. COTENCIOSO: IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. VALORACIÓN DE BIENES MEDIANTE DICTAMEN DE PERITOS. Ratificación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la exigencia de visita de comprobación del perito de la Administración al inmueble que se debe valorar. La dispensa de tal obligación de visita debe estar rigurosamente motivada en el dictamen. Cuando el contribuyente se acoge, en su autoliquidación, a los valores de referencia aprobados por la propia Administración, la necesidad de una prueba pericial correctora ha de ser objeto, si cabe, de una mayor motivación, que incluya datos precisos sobre el error del contribuyente al aplicar tales valores de referencia. · Derecho Contencioso Administrativo
197.- 15/02/2021 TSJ Oviedo. Sentencia de 15 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: EL TSJA DENIEGA LA CAUTELARÍSIMA DEL LEVANTAMIENTO INMEDIATO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN LA HOSTELERÍA ASTURIANA. La Sala de lo Contencioso no encuentra las razones de urgencia expuestas, pero seguirá tramitando la medida como cautelar. · Derecho Contencioso Administrativo
196.- 11/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 14 de enero de 2021. CONTENCIOSO: INFRACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS LIMITACIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE. Pago realizado mediante cheque al portador. Ha lugar al recurso de casación y estimación del recurso contencioso-administrativo. · Derecho Contencioso Administrativo
195.- 10/02/2021 TSJ País Vasco. Auto de 9 de febrero de 2021. CONTENCIOSO: MEDIDAS CAUTELARES. ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA DE BIZKAIA, DE GIPUZKOA Y SEA, EMPRESAS ALAVESAS. LA SALA SUSPENDE LA VIGENCIA DEL 1 INCISO RELATIVO A LAS REGLAS DE REAPERTURA DEL APARTADO 9.1) ANEXO DEL DECRETO 44/2020, 10 DE DICIEMBRE, DEL LEHENDAKARI, PRORROGADO POR DECRETO 4/2021, DE 22 ENERO” (posibilidad de reapertura de los establecimientos de hostelería y restauración en municipios de más de 5.000 habitantes cuando la tasa de incidencia acumulada de casos positivos por COVID-19 en los últimos 14 días que sea inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, debiendo permanecer cerrados si la tasa es igual o superior a la citada) Y ENTIENDE, TRAS ANALIZAR LOS INTERESES EN CONFLICTO, QUE LA APERTURA DE LA ACTIVIDAD HOSTELERA, CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 3 DEL APARTADO 9 DEL DECRETO 44/2020, DE 10 DE DICIEMBRE, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL DECRETO 4/2021, DE 22 DE ENERO (…) NO APARECE EN ESTE MOMENTO COMO UN ELEMENTO DE RIESGO CIERTO Y GRAVE PARA LA SALUD PÚBLICA, que “PODRÁN SER MODIFICADAS O REVOCADAS DURANTE EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO SI CAMBIASEN LAS CIRCUNSTANCIAS EN VIRTUD DE LAS CUALES SE HUBIEREN ADOPTADO.” · Derecho Contencioso Administrativo
194.- 09/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: EQUIPARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES A LA DE SERVICIO ACTIVO. EL artículo 57 LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene efecto directo, sin mediación de las bases de la convocatoria, e impone una valoración de la situación de excedencia idéntica a la que se concede a la de servicio activo. · Derecho Contencioso Administrativo
193.- 01/02/2021 TSJ Asturias. Auto de 27 de enero de 2021. CONTENCIOSO: RATIFICACIÓN JUDICIAL DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE SALUD DE 13 DE ENERO DE 2021 (BOPA nº 8, de 14/01/2021), de sexta modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, exclusivamente en relación a la medida prevista en el apartado Uno del ANEXO RELATIVA A LA OBLIGATORIEDAD DE GUARDAR AISLAMIENTO O CUARENTENA POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE HUBIERAN TENIDO CONTACTO ESTRECHO CON ALGUNA PERSONA CON COVID-19 Y LA CESIÓN DE LOS DATOS DE LOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON MEDIDAS DE AISLAMIENTO O CUARENTENA A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA, AL CONTAR CON “AMPARO NORMATIVO ADECUADO (…) INSPIRADA EN PRESERVAR Y PROTEGER LA SALUD PÚBLICA, PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN ASTURIAS, SIENDO PROPORCIONADAS, ADECUADAS A LOS FINES PERSEGUIDOS Y SIN COMPROMETER EL NÚCLEO PROTEGIDO DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES O LIBERTADES QUE PUDIEREN CONCURRIR”. · Derecho Contencioso Administrativo
192.- 01/02/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: DESPLAZAMIENTOS LABORALES. TRIBUTACIÓN DE IRPF. CARGA DE LA PRUEBA DE VIAJES POR LOS QUE SE ABONAN A UN EMPLEADO DIETAS EXENTAS EN EL IRPF Es la empresa, y no el empleado, a quien corresponde justificar la realidad de los desplazamientos en los que el trabajador ha incurrido en gastos que pueden desgravarse en el IRPF. De esta manera, se obliga a la Agencia Tributaria a dirigirse a la compañía para pedir explicaciones y no abrir un expediente al trabajador. · Derecho Contencioso Administrativo
191.- 25/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: RESOLUCIÓN EXPRESA DE CADUCIDAD. REAPERTURA DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. Para la reapertura de un procedimiento administrativo en que se ejercitan potestades de gravamen, existiendo un procedimiento previo que debe considerarse caducado, es necesario una previa resolución administrativa expresa declarando la caducidad de la inicial, pues hasta que no se declare expresamente la caducidad del proceso anterior, no es posible hablar de un nuevo procedimiento. No es el mero transcurso del plazo el que genera la terminación del procedimiento, sino la resolución que así lo ordena. · Derecho Contencioso Administrativo
190.- 22/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 14 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: ADQUISICIÓN POR SILENCIO DE LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA AL AMPARO DE UN PGOM POSTERIORMENTE ANULADO POR SENTENCIA FIRME. Transcurrido el plazo máximo sin que la Administración notifique al interesado resolución expresa, la licencia se entiende adquirida por silencio positivo, siempre que resulte conforme con lo establecido en el plan a cuyo amparo se solicitó y que fue posteriormente anulado. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado por la Administración competente resolución expresa sobre la licitud de una licencia de obra, amparada en un Plan General de Ordenación Municipal vigente al transcurso de dicho plazo pero que es anulado poco después por sentencia judicial firme, legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, siempre que la licencia fuera conforme con dicho planteamiento posteriormente anulado. · Derecho Contencioso Administrativo
189.- 21/01/2021 TSJ Asturias. Auto de 22 de enero de 2021. CONTENCIOSO: RATIFICA LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO PERO NO DE SUS EXÁMENES. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera ineficaz que no puedan celebrarse en las sedes universitarias si se cumplen con todos los protocolos de prevención sanitaria frente a la pandemia · Derecho Contencioso Administrativo
188.- 20/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE DICTAR RESOLUCIÓN EXPRESA DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ANTES DE REABRIR OTRO. En tanto no se haya dictado la resolución expresa declarando la terminación del procedimiento por caducidad, el procedimiento en que se ejerciten potestades de gravamen, ha de considerarse vigente, por más que hubiese transcurrido el plazo de caducidad, porque no es el mero transcurso del plazo el que genera la terminación del procedimiento -será su presupuesto-, sino la resolución que así lo ordena. · Derecho Contencioso Administrativo
187.- 18/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 22 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO. EMPLEADOS PÚBLICOS QUE HAN EJERCIDO OTRA ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO PRIVADO Y CONTINÚAN EN ELLA TRAS LA JUBILACIÓN. REDUCCION DE LA PENSION AL 50.%.NO RESULTA RELEVANTE, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA REDUCCIÓN, QUE SEA INNECESARIA LA INTEGRACIÓN DE COTIZACIONES DE ESE OTRO RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL AL QUE ESTUVIERE SUJETA LA ACTIVIDAD COMPATIBLE, A LOS FINES DE CAUSAR EL DERECHO A LA PENSIÓN CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN DE CLASES PASIVAS. · Derecho Contencioso Administrativo
186.- 14/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: LOS INTERESES DE DEMORA ABONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA AL EFECTUAR UNA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NO ESTÁN SUJETOS AL IRPF. · Derecho Contencioso Administrativo
185.- 12/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 27 de noviembre de 2020. CONTENCIOSO: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DERECHO AL OLVIDO. Se reconoce el derecho de poder eliminar de un motor de búsqueda en internet contenidos localizados a partir de los dos apellidos de la persona afectada, siempre que esa información menoscabe el derecho al honor, a la intimidad, o a la propia imagen del interesado, carezca de interés público y pueda considerarse obsoleta · Derecho Contencioso Administrativo
184.- 07/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 17 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES. NO SE CITAN LOS SUPUESTOS LEGALES DE REVISIÓN. NO CABE, ACUDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN. Pretender la revisión de la decisión en cuanto al fondo como si tal procedimiento constituyera una nueva instancia judicial. · Derecho Contencioso Administrativo
183.- 05/01/2021 Tribunal Supremo. Sentencia de 14 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL GENERADAS DURANTE LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE GANANCIALES. Sociedad postganancial. Artículo 1401 CC. Cabe el embargo de sueldos y salarios del cónyuge no deudor adquiridos tras la disolución de la sociedad de gananciales, cuando disuelta esa sociedad, el inventario deviene defectuoso · Derecho Contencioso Administrativo
182.- 29/12/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS POR LA AEAT. INTERESES DE DEMORA. IRPF. Los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no se encuentran sujetos al IRPF, dado que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el contribuyente · Derecho Contencioso Administrativo
181.- 28/12/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 9 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTENIDA EN LA STC 59/2017: LOS ARTÍCULOS 107.1 Y 107.2 A) TRLHL PADECEN SÓLO UNA INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD PARCIAL. El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso. DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE. Actualización del valor de adquisición con el IPC u otros mecanismos correctores improcedente: para calcular la existencia de un incremento o de una disminución del valor de los terrenos en el IIVTNU, a los efectos del artículo 104.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no cabe actualizar el valor de adquisición de tales terrenos conforme al Índice de Precios al Consumo o conforme a algún otro mecanismo de corrección. La concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto tendrá carácter confiscatorio en la medida en que supone -claramente- una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capacidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura tributaria correspondiente. Resulta, por tanto, contraria a Derecho -por implicar un claro alcance confiscatorio- una liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, aplicando los artículos correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, establezca una cuota impositiva que coincida con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorba la totalidad de la riqueza gravable. · Derecho Contencioso Administrativo
180.- 21/12/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. CONTENCIOSO: EXTRANJERIA. SE REITERA LA DOCTRINA DE LA STS 321/2020, DE 4 DE MARZO, CONFORME A LA CUAL, LA EXPULSIÓN DE UN EXTRANJERO RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN, AL AMPARO DEL ART. 57.2 LOEX. Requiere necesariamente un alto nivel de motivación por parte de la administración, sin que resulte posible asimilar de forma automática la condena penal impuesta con la concurrencia de una causa de expulsión ya que la citada condena no implica, necesariamente, que el condenado represente aquella amenaza real y grave para el orden o la seguridad públicos. el plus de motivación debe llevarse a cabo por la administración ---y controlarse por los órganos jurisdiccionales--- de conformidad con las circunstancias previstas en el apartado 3 del art. 12 de la directiva 2003/109/ce, así como en el 57.5.b) de la LOEX. · Derecho Contencioso Administrativo
179.- 17/12/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 13 de octubre de 2020. CONTENCIOS: NO CABE DECLARAR LA LESIVIDAD DE LA CONCESIÓN DE NACIONALIDAD POR HECHOS DELICTIVOS PENADOS CON POSTERIORIDAD A SU OTORGAMIENTO. La infracción del ordenamiento jurídico que se imputa al acto, y por el que se pretende su anulación, ha de concurrir en el momento en el que se dictó y no de forma sobrevenida a éste, pues con el recurso de lesividad se trata de enjuiciar si el acto era anulable conforme a las circunstancias y la normativa existente en la fecha en que se dictó y no por datos o circunstancias posteriores al mismo. · Derecho Contencioso Administrativo
178.- 16/12/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 11 de noviembre de 2020. CONTENCIOSO: IRPF. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. HONORARIOS DE ABOGADOS. INTERPRETACIÓN DEL ART. 32.1, PÁRRAFO TERCERO. LIRPF. El abogado no puede acogerse a la reducción del 40% del art. 32.1 LIRPF, aun cuando se trate de ingresos generados por periodos superiores a dos años, si resulta justificado que estos rendimientos se obtienen de forma regular o habitual · Derecho Contencioso Administrativo
177.- 14/12/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de noviembre de 2020. CONTENCIOSO: PROCEDIMIENTO ABREVIADO. PROPOSICIÓN DE PRUEBA EN EL TRÁMITE DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. La previsión legal según la cual la contestación a la demanda en el procedimiento abreviado se efectúa oralmente en el acto de la vista implica que el demandado puede en dicho trámite proponer toda la prueba de la que intente valerse para defender sus pretensiones, incluida -obviamente- la prueba pericial, sin que pueda condicionarse la admisión de dicha prueba a su presentación con una antelación mínima al acto de la vista. La regulación general de la prueba pericial, y las especiales características de este medio de prueba, exigen -también en los casos en los que tal medio de prueba es propuesto en la vista del procedimiento abreviado- otorgar a la parte actora la posibilidad de analizar la pericia al objeto de solicitar aclaraciones al perito y efectuar alegaciones a sus conclusiones, a cuyo efecto -y siempre que lo estime necesario el demandante- deberá el órgano judicial otorgar a dicha parte un plazo que no podrá exceder de cinco días para que se instruya convenientemente de dicha prueba. El plazo concreto que deberá otorgarse para dicha instrucción será determinado por el juez a la vista de las circunstancias del caso, teniendo en cuenta el contenido del informe pericial, su dificultad aparente y la solicitud al respecto formulada por la parte actora y podrá determinar, en su caso, la suspensión de la vista oral y la práctica de un nuevo señalamiento. · Derecho Contencioso Administrativo
176.- 02/12/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 7 de octubre de 2020. CONTENCIOSO: SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. Se considera ajustado a derecho el Real Decreto 1462/18, de 21 de diciembre, por el que se fijó en 30 euros al día o 900 euros al mes el salario mínimo interprofesional para 2019. La decisión de fijar el SMI responde a una determinación que, en lo jurídico, es de naturaleza política, lo que no implica un acto por entero exento de control jurisdiccional. El legislador puede definir mediante conceptos judicialmente asequibles unos límites o requisitos previos a los que deben sujetarse estos actos de dirección política, aspecto en el que los tribunales pueden enjuiciar eventuales extralimitaciones o incumplimientos en que el Gobierno hubiera podido incurrir al tomar la decisión. · Derecho Contencioso Administrativo
175.- 30/11/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. CONTENCIOSO: USO DE MASCARILLAS. VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL Y AL HONOR. Medida “legítima y proporcionada” para alcanzar el fin de interés general de protección de la salud, al constituir una medida que puede contener la progresión de la pandemia. · Derecho Contencioso Administrativo
174.- 25/11/2020 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo. Auto de 19 de noviembre de 2020. CONTENCIOSO: COVID 19. AUTORIZACIÓN MEDIDA. PACIENTE POSITIVO EN COVID. INGRESO HOSPITALARIO FORZOSO PESE A QUE SUPONGA MERMA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DEL ART. 19 CE. MEDIDA NECESARIA Y PROPORCIONADA A LA SITUACIÓN DE RIESGO EXISTENTE E IDÓNEA. Denegación de tratamiento intravenoso forzoso al amparar al paciente el consentimiento libre y voluntario recogido en la ley básica reguladora de la autonomía del paciente, y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y el art. 52 de la Ley de Salud del Principado de Asturias. · Derecho Contencioso Administrativo
173.- 25/11/2020 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo. Sentencia de 9 de noviembre de 2020. CONTENCIOSO: MULTA POR TRANSITAR POR LA VIA PÚBLICA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA DE DESOBEDIENCIA. ART. 36.6 LO 4/2015 DE SEGURIDAD CIUDADANA. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE TIPICIDAD: No se desobedeció ninguna orden y mucho menos legítima, porque no consta que la denunciada permaneciera en lugar pese a la indicación de los Agentes de que lo abandonara. Para que pueda hablarse de una infracción administrativa de desobediencia la orden debe ser legítima. En este caso es flagrante el abuso de autoridad de los Agentes denunciantes, por lo que no cabe la imposición de sanción alguna, concluye el Juzgado. · Derecho Contencioso Administrativo
172.- 19/11/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 22 de octubre de 2020. CONTENCIOSO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. PRESTACIÓN POR INCAPACIDAD. Las personas con discapacidad que perciben prestaciones, al hallarse en situación de incapacidad laboral, deben ser equiparados a los trabajadores activos a los efectos del artículo 20.3 LIRPF. · Derecho Contencioso Administrativo
171.- 18/11/2020 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sentencia de 11 de noviembre de 2020. CONTENCIOSO: UNIVERSIDAD DE OVIEDO. ACTIVIDAD PRESENCIASL. SUSPENSIÓN. El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado un Auto que ratifica la medida de suspensión temporal de la actividad presencial en la Universidad de Oviedo, excepto la que, por su naturaleza, únicamente pueda desarrollarse de modo presencial. La Sala considera que con la desfavorable evolución epidemiológica en el Principado no se sacrifica el derecho a la educación, únicamente a las condiciones de su ejercicio. · Derecho Contencioso Administrativo
170.- 10/11/2020 Audiencia Provincial A Coruña. Sentencia de 20 de octubre de 2020. CONTENCIOSO: ANULA EL TESTAMENTO DE UNA MUJER INGRESADA EN UNA RESIDENCIA A PESAR DE NO ESTAR INCAPACITADA JUDICIALMENTE. Estima el recurso presentado por la hermana de la octogenaria frente a la sentencia de primera instancia que validó el testamento que realizó a favor de un carpintero que le había hecho trabajos en casa y de su esposa. · Derecho Contencioso Administrativo
169.- 06/11/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 13 de octubre de 2020. CONTENCIOSO: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR CAUSA DE PRISIÓN PREVENTIVA INDEBIDA. artículo 294 de la LOPJ. Cuantificación desde una perspectiva global en atención a las circunstancias personales (salud física y mental) y familiares. · Derecho Contencioso Administrativo
168.- 03/11/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 01 de octubre de 2020. CONTENCIOSO: LA REINVERSIÓN DE LA VENTA DE UN INMUEBLE EN OTRA VIVIENDA HABITUAL MEDIANTE HIPOTECA TAMBIÉN DA DERECHO A LA EXENCIÓN DEL IRPF. La Sala estima el recurso de una contribuyente y anula la liquidación que le giró Hacienda en 2012, por importe de 41.255 euros, de los cuales 32.790 correspondían a deuda tributaria y 8.464 a intereses, al considerar que únicamente había reinversión en los 32.000 euros que ella pagó en metálico a la firma de la compra de la nueva vivienda. · Derecho Contencioso Administrativo
167.- 23/10/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 15 de septiembre de 2020. CONTENCIOSO: LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NO TIENEN DERECHO A UN COMPLEMENTO POR SU FUNCIÓN COMO DIRECTORES DEL SERVICIO DE REGISTRO Y REPARTO DE SUS PARTIDOS JUDICIALES. La atribución por el Secretario Coordinador de tareas que pueden no corresponder al puesto de trabajo de los interesados, ni pertenecer a otro puesto de trabajo distinto, no conlleva el reconocimiento de un complemento retributivo estable, lo que no obsta para que puedan impugnar los concretos acuerdos de asignación de cometidos. No hay vulneración del art. 10 RD 1130/2003, referido a las retribuciones por ejercicio conjunto de otra función y sustitución, puesto que lo que se suscita es que se desempeñan unas tareas que, según los recurrentes, no corresponden a su puesto de trabajo, pero que tampoco corresponderían a ningún otro puesto de trabajo. Destaca que, si no corresponden a ningún puesto de trabajo, difícilmente puede acudirse al mecanismo de la fijación de un complemento retributivo que está vinculado a determinado puesto de trabajo y tan sólo ha lugar a su percepción cuando se desempeña ese puesto. · Derecho Contencioso Administrativo
166.- 23/10/2020 TJUE. Sentencia de 10 de septiembre de 2020. CONTENCIOSO: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO PUBLICO. EL TJUE ESTABLECE QUE NO SE PUEDE EXCLUIR AUTOMÁTICAMENTE A UNA LICITADORA QUE PRESENTA UNA OFERTA POR 0 EUROS. CONTRATO ONEROSO. Comoquiera que la oferta pudiera parecer anormalmente baja, el poder adjudicador tiene la obligación de exigirle al licitador explicaciones del precio o los costes que en ella se propongan, para poder evaluar la fiabilidad de la oferta y acreditar que, aun cuando el licitador proponga un precio de cero euros, la oferta no afectará al cumplimiento correcto del contrato y solo puede rechazar tal oferta en caso de que los documentos aportados no expliquen satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos. Aclara también la sentencia que no queda incluido en el concepto de «contrato oneroso», un contrato en virtud del cual un poder adjudicador no está obligado jurídicamente a realizar ninguna prestación como contrapartida de la prestación que la otra parte contratante se haya obligado a realizar. · Derecho Contencioso Administrativo
165.- 21/10/2020 Tribunal Supremo. Auto de 01 de octubre de 2020. CONTENCIOSO: AUTO INADMITIENDO RECURSO DE CASACIÓN. Imposición de costas. La limitación de costas al tercio de la cuantía litigiosa no opera en lo contencioso administrativo. · Derecho Contencioso Administrativo
164.- 14/10/2020 Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo. Sentencia de 9 de octubre de 2020. CONTENCIOSO: NULIDAD DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO DE 7 DE MARZO DE 2019, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL NOMBRE DE 17 VÍAS DEL MUNICIPIO DE OVIEDO EN APLICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA. Vulneración del procedimiento legalmente establecido. Referencia a la Sentencia de 20 de septiembre de 2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Oviedo que estableció que, todo acto dictado en aplicación de la Ley 52/2007, requiere acreditar que concurren los requisitos en la misma establecidos, señalando que debía serlo “a través de informes emitidos con la intervención de expertos en la materia” que demuestren que la denominación de las calles a sustituir se encuentran dentro del supuesto del art. 15.1 de la Ley. En el presenta caso, considera el Juzgador que, para salvar el defecto de motivación, el Ayuntamiento recurrió a lo que denominó GRUPO DE TRABAJO DE MEMORIA HISTORICA y que, el mismo, ”respondía a la voluntad de la Administración de dar una fingida motivación frente a la exigencia impuesta por la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de esta Ciudad de que se motivará la decisión con expertos en la materia (condición que, desde luego, cabe poner en duda en buena parte de los miembros de ese Grupo de Trabajo) evitando el pluralismo que se debe suponer a un órgano como el que nos ocupa, con la única finalidad de llegar a la misma conclusión anulada tiempo atrás por el Juzgado, en una actuación claramente fraudulenta de lo resuelto por el órgano judicial”. · Derecho Contencioso Administrativo
163.- 05/10/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 17 de septiembre de 2020. CONTENCIOSO: LASEGURADORA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. No demandada en vía contenciosa administrativa con la administración asegurada. Ulterior demanda civil para reclamar intereses del art. 20 de la lcs. · Derecho Contencioso Administrativo
162.- 04/10/2020 TJUE. Sentencia de 17 de septiembre de 2020. PROPIEDAD INTELECTUAL, UNIÓN EUROPEA, ERROR DE DERECHO, REQUISITOS DE APLICACIÓN, MARCAS, PERSONAJES PÚBLICOS. El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por la EUIPO y por una sociedad española contra la sentencia del Tribunal General que autorizó al jugador de fútbol Lionel Messi a registrar la marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos. · Derecho Contencioso Administrativo
161.- 04/10/2020 TJUE. Sentencia de 22 de septiembre de 2020. AUTORIZACIÓN PARA ARRENDAMIENTO TURÍSTICO. Es conforme con el Derecho de la Unión una normativa nacional que somete a autorización el arrendamiento, de forma reiterada, durante breves períodos de tiempo, de un inmueble amueblado destinado a uso de vivienda a clientes de paso que no fijan en él su domicilio. Los requisitos para los permisos correspondientes tienen en cuenta la situación de los mercados locales de vivienda y la necesidad de no aumentar la escasez de las mismas. · Derecho Contencioso Administrativo
160.- 28/09/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 14 de septiembre de 2020. CONTENCIOSO: RESPONSABILIDAD POR FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ART. 294.1 LOPJ. PRISIÓN LÍCITA. DOCTRINA CONSTITUCIONAL. JURISPRUDENCIA DEL TS. CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN. DAÑO MORAL. Considera la sala que la única interpretación que cabe hacer del artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es la supresión de la exigencia de condicionar la indemnización, en los supuestos de haber sufrido privación de libertad ilegítima, a la " inexistencia del hecho imputado (o) por esta misma causa" se haya dictado auto de sobreseimiento libre. Esa corrección en sede de constitucionalidad del precepto, unido al hecho de que, por pura lógica, haber sufrido una prisión preventiva con ulterior absolución del delito imputado comporta un daño que ha de ser indemnizado, en la generalidad de los supuestos debe accederse a la pretensión indemnizatoria. En cuanto al CALCULO DE LA INDEMNIZACION, debe compensarse el perjuicio ocasionado por la pérdida del trabajo que desarrollaba el importe del salario mínimo interprofesional correspondiente al tiempo en que estuvo privado de libertad que, dado el tiempo de duración de dicha privación debe aumentarse progresivamente, así como en la dificultad para la recuperación de su profesión, debiendo aumentarse la cantidad que resultare en un 10 por 100. Por lo que se refiere al DAÑO MORAL, no pueden ser objeto de valoración diariamente, sino " desde una perspectiva global". · Derecho Contencioso Administrativo
159.- 27/09/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 30 de julio de 2020. CONTENCIOSO: EXTRANJEROS. DEVOLUCIÓN. LA DESIGNACIÓN DE LETRADO POR EL TURNO DE OFICIO NO EXCLUYE LA EXIGENCIA DE OTORGAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL. Inadmisión de recurso contencioso-administrativo por no haberse acreditado la representación procesal de aportar poder notarial o apud acta del recurrente. El Tribunal Superior de Justicia también lo desestimó por entender que la representación por procurador designado del turno de oficio no colma el requisito de postulación procesal en la primera instancia, pues, sobre no ser preceptiva la intervención de procurador, el derecho que reconoce la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, comprende la prestación de defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando, no siéndolo, su intervención sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. El acto que confiere la representación es personalísimo y solo puede ser sustituido por la designación ex lege o por nombramiento judicial en los casos previstos en la Ley. En el caso enjuiciado no consta el necesario acto de apoderamiento, y la designación de oficio por colegio profesional no confiere, por sí mismo, la representación del legitimado ya sea un abogado o un procurador. En suma, la designación de oficio del procurador por el turno de oficio no es título suficiente para acreditar la representación procesal, en tanto que no hay constancia expresa de la voluntad del demandante de ejercitar la acción judicial en el caso concreto ni la presentación de la solicitud del extranjero del derecho a la asistencia jurídica gratuita. La doctrina del Supremo a este respecto es que, con base en la interpretación de los artículos 19.1 a) y 23 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que un letrado no puede arrogarse la legitimación o representación de un tercero sin que este manifieste su aquiescencia, debido al carácter personal del derecho de acceso a la jurisdicción, reconocido por el artículo 24 de la Constitución, correspondiendo al titular de la acción instar el procedimiento para el reconocimiento del beneficio de asistencia jurídica gratuita, de modo que la decisión de inadmisión de un recurso contencioso-administrativo es procedente cuando se constata la falta del cumplimiento del requisito de postulación del recurrente, exigido para la válida constitución del proceso. La falta de acreditación por el letrado de oficio de la representación que afirmaba ostentar no puede considerarse el incumplimiento de una mera formalidad procesal, sino la ausencia de un verdadero presupuesto del proceso atinente a la postulación procesal que debe cumplirse en la forma prevista por las leyes procesales, esto es, mediante un acto de atribución expresa de la representación, bien mediante poder notarial, bien mediante comparecencia apud acta (art. 24 LEC), requisitos estos que rigen, tanto cuando asume la representación un letrado de libre designación como cuando la asume uno designado de oficio. · Derecho Contencioso Administrativo
158.- 14/09/2020 TJUE. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. CONTENCIOSO: EXISTENCIA DE ANTECEDENTES POLICIALES. DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA. La Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, se opone a la normativa española que establece que puede denegarse al nacional de un tercer país el estatuto de residente de larga duración en dicho Estado miembro por el mero hecho de que tenga antecedentes penales, sin examinar específicamente su situación por lo que respecta, en particular, al tipo de delito que haya cometido, al peligro que representa eventualmente para el orden público o la seguridad pública, a la duración de su residencia en el territorio del mismo Estado miembro y a la existencia de vínculos con este último. · Derecho Contencioso Administrativo
157.- 09/09/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de julio de 2020. CONTENCIOSO: INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRIBUTARIO, ANTES DE HABER DICTADO Y NOTIFICADO EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN. PLAZO. Puede aceptarse, en las infracciones que causan perjuicio para la recaudación, la máxima de que sin liquidación no hay sanción, pero no la de que sin liquidación no puede haber inicio del procedimiento tributario sancionador. Basa su decisión la Sala en que situar en la notificación de la liquidación o resolución, el límite mínimo para iniciar el procedimiento sancionador es forzar, - incluso "retorcer", innovar, inventar, señala la sentencia- el texto de la norma. Ni el artículo 209.2 LGT, ni ninguna otra norma legal o reglamentaria, establecen que el procedimiento sancionador deba iniciarse tras la notificación de la liquidación tributaria. La norma dispone que los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un procedimiento iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, no pueden iniciarse respecto de la persona o entidad que hubiera sido objeto del procedimiento una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución, y para la Sala, de esta redacción no se deduce un plazo mínimo para iniciar el procedimiento sancionador, y menos aún, la prohibición de iniciarlo antes de la notificación de la liquidación tributaria de la que se deriva. El plazo máximo para iniciar el procedimiento sancionador es el de "tres meses desde que se hubiese notificado o se entendiese notificada la correspondiente liquidación o resolución", de lo que se infiere que no es la notificación de la liquidación o resolución el límite mínimo para iniciar el procedimiento sancionador. · Derecho Contencioso Administrativo
156.- 09/09/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 9 de julio de 2020. CONCESION NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. NO APORTACION DE DOCUMENTOS. Declara que no es imprescindible aportar la certificación de nacimiento ni el certificado de antecedentes penales del país de origen, si pueden ponderarse en conjunto el resto de las circunstancias y se acredita la buena conducta del solicitante, además de valorar la enorme dificultad existente para la obtención de los mismos. Concede la nacionalidad española a un militar argelino por su buena conducta cívica y su integración en la sociedad española, y aunque no haya aportado su certificado de nacimiento y de antecedentes penales, expedido en su país. La falta de documentación no es un elemento insalvable para obtener la nacionalidad por residencia, cuando existen serias dificultades para su obtención, y pueden ponderarse otras circunstancias, como una buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española. · Derecho Contencioso Administrativo
155.- 09/09/2020 TJUE. Sentencia de 3 de septiembre de 2020. CONTENCIOSO.Asunto C-356/19. PASAJEROS AÉREOS. DERECHO A INDEMNIZACIÓN. TIPO DE MONEDA. Un pasajero cuyo vuelo haya sido cancelado o haya sufrido un gran retraso, o su causahabiente, puede exigir el pago del importe de la compensación en la moneda nacional de curso legal en su lugar de residencia, de tal forma que dicha disposición se opone a una normativa o a una práctica jurisprudencial de un Estado miembro que da lugar a la desestimación de una demanda interpuesta a tal fin por un pasajero o su causahabiente por el único motivo de que ha expresado el importe reclamado en esa moneda nacional. · Derecho Contencioso Administrativo
154.- 30/07/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 13 de julio de 2020. EXTRANJERÍA. EXTINCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORA. Concedida por circunstancias excepcionales (arraigo social con contrato), señalando como causa de extinción la prevista en el art. 162.2.b) y 162.c) del Reglamento de la Ley 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por desaparición de las circunstancias para su concesión y/o cuando se compruebe la inexactitud grave de las alegaciones formuladas o de la documentación aportada por el titular para obtener dicha autorización de residencia. NO PUEDE ACORDARSE TRANSCURRIDO EL PLAZO DE VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN. CONCURRENCIA DE CAUSA DE RENOVACIÓN ART. 71.2.D) EN RELACIÓN CON ART. 38.6.b) LOEX. RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS PAÍS VASCO. · Derecho Contencioso Administrativo
153.- 20/07/2020 TEAC. Resolución de 1 de junio de 2020. IPRF. Ganancia patrimonial consistente en el importe que supone la condena a costas judiciales a la parte contraria. Determinación del importe de la ganancia teniendo en cuenta los gastos en que haya incurrido por motivo del pleito. · Derecho Contencioso Administrativo
152.- 13/07/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 26 de mayo de 2020. CONTENCIOSO: PROHIBICIÓN DE BANDERAS NO OFICIALES. NEUTRALIDAD EN EDIFICIOS PÚBLICOS. No resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyen, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas. · Derecho Contencioso Administrativo
151.- 11/07/2020 TJUE. Sentencia de 11 de junio de 2020. CONTENCIOSO: LA PROTECCIÓN RIGUROSA DE DETERMINADAS ESPECIES ANIMALES ESTABLECIDA POR LA DIRECTIVA HÁBITATS ES APLICABLE A LOS ESPECÍMENES QUE ABANDONAN SU HÁBITAT NATURAL Y SE ENCUENTRAN EN ZONAS HABITADAS POR EL HOMBRE. De este modo, la captura y el transporte de un lobo encontrado en un pueblo solo pueden justificarse si son objeto de una excepción adoptada por la autoridad nacional competente. · Derecho Contencioso Administrativo
150.- 10/07/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 11 de junio de 2020. CONTENCIOSO: INADMISIÓN DEMANDA. ERROR JUDICIAL. IMPOSICIÓN DE COSTAS. SUCESIÓN PROCESAL. BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA. DERECHO PERSONALISIMO. La sala declara inadmisible la demanda al haberse presentado fuera del plazo de tres meses establecido en el artículo 293.1.a) LOPJ. Y considera que no hay error judicial, con claridad, porque la sentencia impugnada es correcta cuando impone las costas (art. 139 LJCA), pues, aunque el recurrente junto con sus dos hermanos sucedió a su madre fallecida en la posición procesal de recurrente, que litigaba con el beneficio de justicia gratuita, ésta es personalísima y sólo disfruta de ella quien acredite la insuficiencia de recursos para litigar. De hecho, en casos de litisconsorcio o pluralidad de actores o demandados, cabe que unos gocen y otros no, del mencionado beneficio, asociado a la situación patrimonial personal de cada uno de ellos. El recurrente acredita que en 2019 obtuvo, al parecer para otro litigio, ese beneficio de justicia gratuita, lo que es un hecho posterior a las vicisitudes de este asunto y que no pudo el Tribunal sentenciador tener en cuenta para resolver, ni afecta a la corrección de lo resuelto. · Derecho Contencioso Administrativo
149.- 10/07/2020 TEAC. Resolución de 1 de junio de 2020. CONTENCIOSO: UNA SUBVENCIÓN DESTINADA A LA REHABILITACIÓN DE UN INMUEBLE EN CONDOMINIO TRIBUTA EN RENTA COMO GANANCIA PATRIMONIAL SÓLO DEL BENEFICIARIO QUE LA OBTUVO. Independientemente del uso que se le dé a la misma la renta que se pone de manifiesto por la percepción de una "subvención pública" lo es, por o para la reparación o rehabilitación de un inmueble, y se considerará por ello una ganancia patrimonial de la persona a quien corresponda el derecho a su obtención. Es el juego entre la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Ley 35/2006 del IRPF el que da la pauta para delimitar quien es el sujeto tributario que debe tributar por haber obtenido una subvención, en el caso, para la rehabilitación de un edificio que estaba arrendado, cuando el inmueble pertenece en proindiviso por mitades a él y a su cónyuge. La renta que se pone de manifiesto por la percepción de una "subvención pública" por o para la reparación de un inmueble, se considerará una ganancia patrimonial de la persona a quien corresponda el derecho a su obtención, una ganancia patrimonial de la persona que haya obtenido la subvención, que será la que deba tributar por ella; y ello con independencia de que esa no sea el único propietario del inmueble, o incluso de que no tenga ningún derecho de propiedad sobre el mismo. · Derecho Contencioso Administrativo
148.- 09/07/2020 Juzgado de Instrucción número 1 de Albacete. Auto de 5 de julio de 2020. COVID-19. RATIFICACION JUDICIAL DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA. CONFINAMIENTO EDIFICIO. FIN LEGITIMO: IMPEDIR UN PICO AGUDO DE INFECCIONES POR COVID-19, REDUCIR EL RIESGO DE COLAPSO DE LOS SISTEMAS DE SALUD, Y PROPORCIONAR MÁS TIEMPO PARA EL DESARROLLO DE UN TRATAMIENTO O UNA VACUNA. La ratificación judicial de la resolución administrativa es necesaria al limitarse derechos fundamentales. El Auto establece un plazo máximo de 14 días de las medidas de confinamiento y aislamiento establecidas en el inmueble. La autoridad sanitaria deberá informar semanalmente al juzgado competente de la evolución de la salud de las personas confinadas. Normativa estatal, autonómica y Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fin legítimo. · Derecho Contencioso Administrativo
147.- 05/07/2020 Tribunal Supremo. Auto de 29 de junio de 2020. CONTENCIOSO: ADJUDICACIÓN PLAZAS MIR POR VÍA TELEMÁTICA. SUSPENSIÓN CAUTELAR. El Tribunal Supremo acuerda la suspensión cautelar de la obligatoriedad de adjudicación de las plazas MIR por vía telemática y ordena a la Administración que adopte las medidas necesarias para que pueda hacerse de forma presencial. La suspensión cautelar será efectiva a partir de la notificación del auto el lunes 29 de junio y surtirá efecto para los procesos de adjudicación que no estén iniciados en ese momento, en concreto el de medicina. · Derecho Contencioso Administrativo
146.- 04/07/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 18 de mayo de 2020. CONTENCIOSO: PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. INFORME DE IMPACTO DE GENERO. No es exigible la incorporación del Informe de impacto de género a un Plan General de Ordenación Urbana. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS declara como doctrina jurisprudencial que, si bien la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación, el principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda ser impugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos. · Derecho Contencioso Administrativo
145.- 03/07/2020 TJUE. Sentencia de 11 de junio de 2020. CONTENCIOSO: Un Estado miembro no puede denegar a un sujeto pasivo establecido en el territorio de otro Estado miembro el derecho a la devolución del IVA por la sola razón de que dicho sujeto pasivo esté o tendría que haber estado identificado a efectos del impuesto sobre el valor añadido en el Estado miembro de devolución. · Derecho Contencioso Administrativo
144.- 29/06/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 19 de mayo de 2020. ASISTENCIA SANITARIA PÚBLICA A PACIENTES DERIVADOS POR HOSPITALES PRIVADOS. Hospital privado que deriva pacientes a un hospital público, ¿puede considerarse tercero obligado al pago, por su específico régimen jurídico y su relación con el paciente, con el que no suscribe un contrato ni recibe una prima, a diferencia de las entidades aseguradoras sanitarias? Entiende el Tribunal Supremo que no, puesto que los hospitales privados no tienen obligación legal, reglamentaria ni contractual de asumir todas las prestaciones sanitarias de un paciente a cambio de una prima, sino únicamente las que libremente decida el hospital y, en todo caso, siempre limitadas por su cartera de especialidades que previamente tenga autorizadas en la preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento. · Derecho Contencioso Administrativo
143.- 26/06/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de junio de 2020. CUIDAR A HIJA CON ENFERMEDAD GRAVE, PERO ESCOLARIZADA, NO IMPIDE LA REDUCCIÓN DE JORNADA RETRIBUIDA DE UNA FUNCIONARIA (Diabetes Mellitus tipo 1). ART. 49.e) EBEP. La cuestión a dilucidar es si no habiendo hospitalización ni tratamiento continuado, ni siquiera en el domicilio de la menor, se tendría derecho a la reducción. Concluye la Sala que el art. 49.e) EBEP, es de aplicación en supuestos en que no resulta necesaria la hospitalización del menor, pero sí existe una necesidad de cuidado directo, continuo y permanente, aunque se encentre el menor escolarizado. · Derecho Contencioso Administrativo
142.- 15/06/2020 Tribunal Supremo. Auto de 4 de mayo de 2020. CONTENCIOSO: VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. ESTADO DE ALARMA. INADMISIÓN DE RECURSO. Se inadmite por falta de jurisdicción el recurso presentado por un particular contra el Real Decreto 463/2020 que declaró el estado de alarma, así como sus prórrogas sucesivas, por considerar que dicho estado de alarma vulnera derechos fundamentales contemplados en la Constitución, al suspender la libertad de circulación de las personas. Sin embargo, sí se admite el recurso que este particular presentó también contra la Orden ministerial que desarrolla las condiciones fijadas para los desplazamientos de los niños durante la situación de crisis. · Derecho Contencioso Administrativo
141.- 08/06/2020 TJUE. Sentencia de 14 de mayo de 2020. CONTENCIOSO: DERECHO DE DESESTIMIENTO. CONSUMIDORES. El contrato celebrado entre un arquitecto y un consumidor, relativo a la elaboración de un plano de una vivienda unifamiliar nueva, está sujeto a la normativa de los consumidores. · Derecho Contencioso Administrativo
140.- 05/06/2020 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sentencia de 6 de marzo de 2020. CONTENCIOSO: EXTRANJERÍA. CONDENA POR TRÁFICO DE DROGAS. ORDEN DE EXPULSIÓN. ANULACIÓN. ARRAIGO SOCIAL Y LABORAL. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la expulsión de un extranjero condenado por tráfico de drogas acordada por la Subdelegación de Gobierno de Segovia. El acusado fue interceptado cuando intentaba pasar 7 kilos de hachís por Ceuta, hechos por los que fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por el Juzgado de lo Penal ceutí como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que no causan grave daño a la salud. · Derecho Contencioso Administrativo
139.- 28/05/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 19 de mayo de 2020. TRIBUTARIO. PLUSVALIA MUNICIPAL. LIQUIDACION FIRME. NULIDAD DE PLENO DERECHO. DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS. El Tribunal Supremo descarta que pueda solicitarse la devolución de la plusvalía municipal abonada por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho. El Tribunal Constitucional había declarado que los preceptos reguladores del impuesto eran inconstitucionales en los casos donde se constatara una ausencia de incremento de valor del terreno en la transmisión. Señala la Sentencia que la solicitud debe efectuarse necesariamente por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria, esto es, por la revisión de actos nulos, por la revocación o por el recurso extraordinario de revisión. Y afirma también que la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales “en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica” (sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017) no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en los apartados a), d), e) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria. Tales actos tributarios, según el Tribunal Supremo, (i) no han lesionado derechos susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo 31.1 de la Constitución (capacidad económica) no es un derecho fundamental de esa naturaleza, (i) no han prescindido completamente del procedimiento legalmente establecido, (iii) no han otorgado potestades al solicitante de las que este carecía (iv) ni, en fin, puede identificarse una ley que, específicamente, determine su nulidad como consecuencia de la declaración parcial de inconstitucionalidad de la ley que les sirve de fundamento. · Derecho Contencioso Administrativo
138.- 25/05/2020 Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Mérida. Sentencia de 6 de abril de 2020. CONTENCIOSO: LAS IMÁGENES CAPTADAS POR VIDEOCÁMARA DE SEGURIDAD PUEDEN CONSERVARSE PASADO EL PLAZO DEL MES PREVISTO PARA SU DESTRUCCIÓN. El Juzgado de Mérida considera que las imágenes así obtenidas se pueden conservar superando el plazo contemplado para su destrucción en aras a la colaboración con la Administración de Justicia, sin que ello suponga la vulneración de derecho fundamental alguno. Avala la licitud de la instalación de videocámaras en el Hospital de Llerena-Zafra y declara que no supone vulneración de derecho fundamental ni de los usuarios ni de los trabajadores del centro hospitalario, al contrario, a la vista del incremento de agresiones a facultativos, el sistema responde a la necesidad de velar por la seguridad de los usuarios y trabajadores. Destaca la sentencia que la acción fue ejercitada por trabajadores del Hospital a raíz de un incidente entre ellos que dio lugar a la apertura de expedientes disciplinarios, y por ello recuerda el Juzgado que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe y que la ley no ampara el abuso del derecho. Fue el Juzgado de Instrucción el que interesó a la Administración sanitaria la remisión de las grabaciones realizadas por las videocámaras el día de los hechos, y si las imágenes se conservaron más allá del mes que prescribe la Ley fue por los lamentables hechos que presuntamente tuvieron lugar, por lo que, en este exceso de plazo de conservación de las imágenes, la Administración actuó correctamente en aras a su deber de colaboración con la Administración de Justicia. · Derecho Contencioso Administrativo
137.- 15/05/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 2 de marzo de 2020. CONTENCIOSO: EXTRANJERÍA. Autorización de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo social. Art. 124.2 RD 557/11. Determinación de la posible relevancia de los antecedentes policiales para la denegación. · Derecho Contencioso Administrativo
136.- 30/04/2020 Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Tenerife. Auto de 26 de marzo de 2020. CONTENCIOSO: PERMISO RETRIBUIDO PARA CUIDADO DE HIJOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA. AGENTE DE POLICÍA. DENEGACION. INTERES DE LA ADMINISTRACION EN QUE LOS SERVICIOS QUEDEN CUBIERTOS. Se deniega la medida cautelar consistente en el permiso retribuido, pues se podría disponer de otras alternativas tales como la flexibilización de la jornada. Dos son las razones por las que el Juzgado deniega la medida cautelar solicitada por una Policía Local de disfrutar de un permiso retribuido durante la vigencia del Estado de Alarma a fin de cuidar a sus hijos menores de edad: De un lado, la improcedencia de su otorgamiento en atención a la no suspensión de actos de naturaleza negativa; y de otro, la falta de competencia del Alcalde para poder resolver la solicitud porque durante la vigencia del Estado de Alarma. Hubiera sido necesario acreditar, además, que no es posible aplicar otras medidas de flexibilización laboral que permita a ambos progenitores alternarse en el cuidado de los días conciliando con la prestación de sus respectivos servicios en la Policía Local y Policía Nacional. Afirma el Juzgado que en la ponderación del interés de la Policía en que se le conceda autorización retribuida para no prestar servicios como policía local, debe prevalecer el interés de la Administración en que los servicios de la policía local queden debidamente cubiertos durante el Estado de Alarma para atender el incremento de servicios que demanda tanto la Administración demandada como el Ministerio del Interior para el cumplimiento de la normativa del Estado de Alarma. Además, razona que la no concesión del permiso no produce un perjuicio irreparable pues la Policía Local y su cónyuge disponen de vías alternativas (como la conciliación laboral mediante la flexibilización de la jornada laboral) que no consta se hayan solicitado con carácter previo a la solicitud del permiso. No se acredita que los hijos menores vayan a quedar desasistidos durante el Estado de Alarma por la incompatibilidad de los turnos de trabajo de sus progenitores -pues solo en este caso primaría el interés superior del menor y habría sido procedente la concesión del permiso-. · Derecho Contencioso Administrativo
135.- 16/03/2020 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 14 de febrero de 2020. CONTENCIOSO: INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO. NULIDAD. Conforme reiterada jurisprudencia, la naturaleza y alcance del informe o memoria se ha declarado que constituye una exigencia diferenciada del estudio económico que tradicionalmente se ha venido exigiendo en la elaboración de los instrumentos del planeamiento, ahora recogido en la Legislación Autonómica. Por tanto, la elaboración de un informe o memoria de sostenibilidad económica, en los términos exigidos en el artículo 22.4º del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, deberá elaborarse en la tramitación de todos los instrumentos del ordenación de las actuaciones de transformación urbanística, con independencia del grado de generalidad de dichos instrumentos, siempre que contemplen la instalación de infraestructuras que deban sufragar o mantener las Administraciones públicas; debiendo declararse la nulidad de tales instrumentos cuando se omita la elaboración de dicho informe o memoria. Siendo plenamente acorde con la jurisprudencia de esta Sala lo expresado por la sentencia recurrida en casación. · Derecho Contencioso Administrativo
134.- 07/03/2020 Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid. Sentencia de 4 de febrero de 2020. CONTENCIOSO: ILEGALIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID A CONDUCTORES CAPTADOS POR LAS CÁMARAS DE LOS SEMÁFOROS. VULNERACION "CONSCIENTE Y DELIBERADA" DE LA LPACAP QUE GENERA INDEFENSIÓN EN LOS CIUDADANOS. La Sentencia considera que las cámaras instaladas en distintos semáforos de la ciudad son irregulares. Además, cree que la posterior tramitación del expediente administrativo que se abre para multar al conductor supuestamente infractor captado por dichos dispositivos y la notificación de la multa infringen la Ley. El magistrado estima el recurso de una conductora y anula la sanción de 200 euros que le impuso la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana por supuestamente saltarse un semáforo en rojo y ser captada por una cámara foto-rojo (sistema de seguridad instalado en los semáforos para fotografiar a los conductores que se pasen el disco en rojo). La Sentencia condena al Consistorio a pagar las costas del procedimiento, por su proceder irregular y por su reiteración en el mismo a pesar de la existencia de otras sentencias previas en las que ya se le advertía de su actuación ilegal y considera que el Ayuntamiento "vulnera consciente y deliberadamente" la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública porque no notificó la denuncia a la conductora. El juez duda además de la calidad de las imágenes del vehículo obtenidas por la cámara, que califica de "sorprendentes", y cree que las cámaras incumplen la Ley porque no hay ningún cartel que informe de su ubicación. · Derecho Contencioso Administrativo
133.- 02/03/2020 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sentencia de 12 de febrero de 2020. CONTENCIOSO: INCREMENTA LA DIETA DE UNA FUNCIONARIA AL CONSIDERARLA “INSUFICIENTE” PARA AFRONTAR GASTOS EN MADRID. Ha reconocido el 50% de la dieta entera por alojamiento y manutención del grupo 2 durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2018 y el 8 de marzo de 2019, con la exclusión del periodo vacacional navideño, durante el que residió en Madrid para realizar un curso obligatorio. Si se tiene en cuenta que el 30% de la dieta entera es de 945 euros al mes de media, correspondiendo 744 euros para alojamiento, en base a la información obtenida del Ayuntamiento de Madrid, quedan para manutención 201 euros, lo que significa una dieta diaria de 6,7 euros, cantidad notoria y notablemente insuficiente para afrontar en Madrid los gastos de desayuno, comida, cena y teléfono”, recalcan los magistrados · Derecho Contencioso Administrativo
132.- 17/02/2020 Tribunal Supremo.Sentencia 96/2020. 29 de enero de 2020. CONTENCIOSO: LA REDACCIÓN DEL CITADO ARTÍCULO 250.1 NO DISTINGUE PARA SU OPERATIVIDAD ENTRE EL DELITO BÁSICO DE ESTAFA DEL ARTÍCULO 249.1 CP Y LA VERSIÓN LEVE INCORPORADA EN EL APARTADO 2 DEL MISMO PRECEPTO. Y ASÍ SEÑALA AQUÉL "EL DELITO DE ESTAFA SERÁ CASTIGADO (...)", CON ABSTRACCIÓN DE SI EL VALOR DE LA DEFRAUDACIÓN SUPERA O NO LOS 400 EUROS. La interpretación de la norma según su construcción gramatical puede hacer pensar que la genérica alusión al delito de estafa, extiende la operatividad de las agravaciones contenidas en el artículo 250.1 CP a todas sus modalidades, incluida la que el artículo 249.2 incorpora como delito leve, heredero de la extinta falta del artículo 623.4 CP. Sin embargo, tal aparente claridad deja abierta la puerta a diversas incógnitas que deben ser despejadas con perspectiva sistemática, porque la aplicación de las normas penales desde la garantía de tipicidad (artículo 25.1 CE), veda una interpretación analógica y extensiva en perjuicio del reo. Y así, no puede considerarse baladí, desde una concepción integrada del texto penal, que, a diferencia de lo que ocurre en relación al delito leve de hurto del artículo 234.2, a tenor del cual "se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235", ninguna referencia a la aplicación del artículo 250 incluya el artículo 249.2 CP. Máxime cuando ambos preceptos fueron incorporados por la misma Ley, lo que, a contrario sensu, avala la exclusión del delito leve de estafa de la órbita agravatoria del artículo 250 CP. Y esta misma conclusión se respalda con la lectura del Preámbulo de esa Ley, LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificó la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que incorporó los delitos leves. En su apartado XIV, el legislador expresó claramente la razón por la que sometía los hurtos leves a la hiperagravación por multirreincidencia: "La revisión de la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio tiene como objetivo esencial ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave. Con esta finalidad se suprime la falta de hurto, y se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia habitual. · Derecho Contencioso Administrativo
131.- 17/02/2020 Tribunal Supremo.Sentencia 35/2020. 6 de febrero de 2020. COTENCIOSO: EL SUPREMO VALIDA LA DENUNCIA ANÓNIMA PARA DESCUBRIR FRAUDES EN LAS EMPRESA. Ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como “ notitia criminis” en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado ‘whistleblowing’, ha sido incluido en la reciente directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019 , que protege a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión. · Derecho Contencioso Administrativo
130.- 10/02/2020 Tribunal Supremo. Sentencia 45/2020. 21 de enero de 2020. CONTENCIOSO: ERROR JUDICIAL Y AMPARO CONSTITUCIONAL. IRREGULARIDADES PROCESALES CAUSANTES DE INDEFENSIÓN. APLICACIÓN DE NORMATIVA DEROGADA. El presente recurso se dirige contra la sentencia 308/2017, de 7 de junio, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que inadmitió el recurso contencioso-administrativo interpuesto (con relación a la fijación del justiprecio en una expropiación forzosa), al apreciar que la designación apud acta de la procuradora se había realizado fuera del plazo de los dos meses establecido para la formulación del recurso contencioso administrativo, condenando en costas al actor, hasta un máximo de 1.500€ y contra la providencia que inadmitió el incidente de nulidad contra la expresada sentencia. Se trata de determinar si el error judicial que imputa el recurrente a la Sala de instancia ha comportado la vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de ciertas irregularidades que se evidencian en el proceso de instancia, entre otras, haber procedido a la inadmisión del recurso en sentencia pese a que previamente el LAJ había dado ya por subsanado el defecto de representación, inadmisión decretada, además, sin haber escuchado a las partes al no haberse opuesto dicha inadmisión por ninguna de ellas, por haber continuado el procedimiento -incluso, con admisión de prueba- sin advertir con anterioridad dicha causa, así como por haber despachado el posterior incidente de nulidad de actuaciones presentado "en la forma en la que tuvo lugar", pese a que las especiales circunstancias que concurrían en los autos "hubieran exigido un estudio detenido de la cuestión". La Sala considera que procede la admisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones toda vez que se produjo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Constata, que la reforma y la nueva finalidad que incorpora al incidente de nulidad han sido preteridas por la Sala de instancia, a través de un razonamiento que escapa a los parámetros de lógica y razonabilidad que resultan inexcusables a toda decisión judicial, lo que se erige en criterio de estimación de la demanda de error judicial, limitada limitada a su función de requisito previo a la eventual pretensión de responsabilidad patrimonial a ejercitar, en su caso, contra el Estado, sin que, la situación jurídica declarada o reconocida por la sentencia a la que se imputa dicho error se vea alterada o modificada por una declaración de existencia en la misma de error judicial. · Derecho Contencioso Administrativo
129.- 01/02/2020 TSJ Castilla la Mancha. Auto de 20 de enero de 2021. CONTENCIOSO: RATIFICACIÓN MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 QUE AFECTAN A DERECHOS FUNDAMENTALES. Se ratifican judicialmente aquellas medidas que afectan a los derechos de circulación, de intimidad y de integridad física, en residencias de mayores y viviendas tuteladas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha ratificado la medida que contempla que en velatorios y comitivas fúnebres no se puedan intercambiar las 6 personas que como máximo pueden participar en los mismos. Esta última medida restringe el derecho de reunión, sin que la Consejería de Sanidad tenga competencia para ello, por lo que no se ratifica judicialmente. · Derecho Contencioso Administrativo
128.- 27/01/2020 Tribunal Superior de Justicia de Albacete. Sentencia de 4 de octubre de 2019. CONTENCIOSO: OBLIGA A READMITIR A UNA ALUMNA EXPULSADA ENVUELTA EN UNA INVESTIGACIÓN PENAL. LA MEDIDA DE EXPULSIÓN TIENE CARÁCTER SANCIONADOR, AUNQUE SU FINHALIDAD SEA CORRECTORA. PREJUDICIALIDAD PENAL. · Derecho Contencioso Administrativo
127.- 27/01/2020 Tribunal Supremo. Sentencia de 19 de diciembre de 2019. CONTENCIOSO TRIBUTARIO: TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA RELACIÓN JURÍDICA DE UNA MÁQUINA RECREATIVA TIPO “B” Y EL TITULAR DE UN ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA. Existencia de una prestación de servicios onerosa sujeta a IVA. Improcedencia de aplicar la exención del artículo 20. Uno. 19º LIVA. La interpretación de las normas nacionales que establecen una exención no puede condicionar la interpretación y la aplicación de conceptos autónomos del derecho de la Unión Europea como los que describen el hecho imponible del IVA. · Derecho Contencioso Administrativo
126.- 30/12/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 5 de diciembre de 2019. CONTENCIOSO: FIJA DOCTRINA SOBRE LAS COMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES PRIVADAS. LA SALA TERCERA ESTABLECE QUE PARA DENEGAR SU CONCESIÓN, DEBEN PERMITIR UN COMPLEMENTO QUE REMUNERE EXPRESAMENTE LA INCOMPATIBILIDAD. · Derecho Contencioso Administrativo
125.- 30/12/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. CONTENCIOSO: CONDENA AL ESTADO A INDEMNIZAR A UN CONTRIBUYENTE POR LA PLUSVALÍA PAGADA EN VIRTUD DE NORMAS CONSTITUCIONALES. Reclamación fundada en la inconstitucionalidad del articulo 107.1 y 2)A TRLHL, declarada por STC 59/2017. Concurre un daño indemnizable por la vía de la responsabilidad patrimonial del estado legislador. El interesado acredita la existencia de un decremento de valor del terreno, aportando al efecto las escrituras de compra y venta del inmueble · Derecho Contencioso Administrativo
124.- 23/12/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 11 de diciembre de 2019. CONTENCIOSO: ESTABLECE QUE LA VENTA DE ORO DE PARTICULAR A PROFESIONAL DEL SECTOR ESTÁ SUJETA AL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS. EL TRIBUNAL CONCLUYE QUE LA OPERACIÓN HA DE REPUTARSE SUJETA A TIPO PORQUE LA MISMA DEBE SER ANALIZADA DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRANSMITENTE (EL PARTICULAR), QUE ES QUIEN “REALIZA” EL HECHO IMPONIBLE. · Derecho Contencioso Administrativo
123.- 16/12/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 27 de noviembre de 2019. CONTENCIOSO: DECLARA NULO EL LÍMITE DE 75 AÑOS PARA INTEGRAR EL TURNO DE OFICIO EN MADRID POR SER DISCRIMINATORIO POR RAZÓN DE EDAD. Afirma que “no hay un solo dato que evidencie la defectuosa asistencia de los abogados de más edad, ni las quejas que hayan podido recibirse en sede colegial por parte de los justiciables, extremos importantes que eliminarían toda sospecha de discriminación por razón de edad”. · Derecho Contencioso Administrativo
122.- 10/12/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 25 de octubre de 2019. CONTENCIOSO: JUECES Y MAGISTRADOS. AMPARO. ARTICULO 14 LOPJ. Confirmación del acuerdo del CGPJ que otorgó el amparo solicitado por la titular de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer inquietada en su independencia. La recurrente, en desacuerdo con las resoluciones adoptadas por ésta tras denunciar a su compañero sentimental por presuntos malos tratos, comenzó a realizar actos de descalificación personal contra ella delante del mismo juzgado y a través de internet, abordándola cuando acudía a llevar a sus hijas al colegio para increparla e interfiriendo en otros procesos ajenos, actos que no resultan amparados por el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Comportamiento desproporcionadamente injustificado. · Derecho Contencioso Administrativo
121.- 02/12/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. LA INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA POR CESE DE LOS ALTOS DIRECTIVOS ESTÉ EXENTA DE IPRF. Cambio de doctrina. jurisprudencia procedente del orden social. lo relevante es el carácter obligatorio de la indemnización en una cuantía mínima obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades y, por tanto, en esa cuantía la indemnización está exenta de tributación en el IRPF. · Derecho Contencioso Administrativo
120.- 18/11/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 3 de octubre de 2019. CONTENCIOSO: AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA CUANDO EL SOLICITANTE TIENE ANTECEDENTES PENALES Y MENORES A SU CARGO. LA EXISTENCIA DE LOS ANTECEDENTES NO PUEDE POSTERGARSE NI MINUSVALORARSE AUNQUE DEBE SER EVALUADA EN RELACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LOS HIJOS MENORES. Establece el Tribunal Supremo la doctrina de que a los efectos de la concesión de autorización de residencia de larga duración, - y también temporal de residencia y trabajo-, se exige valorar la gravedad o el tipo de delito contra el orden público o la seguridad pública o el peligro que pudiera representa la persona interesada, como también, sus circunstancias personales cuando el solicitante, nacional de un tercer Estado, tiene atribuida la guarda y custodia de un menor de edad. Siendo estas las exigencias legales, en el caso, además de la gravedad de los delitos por maltrato en el hogar, se da reiteración y quebrantamiento de condena por incumplir la medida cautelar de prohibición de acercarse a la madre de los menores. Recuerda la sentencia el rechazo colectivo y la evidente alarma social que los delitos de violencia de género provocan, y que los poderes públicos no pueden ni deben ser ajenos a ello. La Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, habilita la denegación del estatuto de residente cuando concurren motivos de orden público o de seguridad pública, e impone que los nacionales de terceros países que deseen adquirir y conservar el estatuto de residente de larga duración que no constituyan una amenaza para el orden público o la seguridad pública, supuestos en los que puede incluirse la existencia de antecedentes penales, por lo que la existencia de éstos, ni puede postergarse ni minusvalorarse, aunque si debe ser evaluada en relación al interés superior de los hijos menores. En el caso, el solicitante tiene dos hijos menores de 7 y 3 años, una niña española y un niño en trámite de adquirir la nacionalidad al tiempo de tramitarse el expediente, pero respecto a su hija menor de nacionalidad española no tiene de hecho las características que permitan afirmar que posea la "guarda exclusiva de la menor". En su solicitud reseña su estado civil como soltero; en el Libro de Familia, el apartado "contraído matrimonio", no figura rellenado. No está clara su situación matrimonial e incluso el solicitante expresamente indicó que la madre de los menores es la que mantiene a la familia y que la casa familiar está a nombre de ella. En la medida en que el artículo 20 del TFUE proscribe la denegación automática de una autorización de residencia al progenitor de hijos menores de edad, ciudadanos de la Unión y de los que tiene la guarda exclusiva, cuando tenga antecedentes penales, y cuando tal denegación tenga como consecuencia obligar a esos hijos suyos a abandonar el territorio de la Unión Europea, en el caso, no se puede afirmar que el solicitante tenga atribuida la guarda exclusiva de la menor española, y el carácter grave de las condenas impuestas, - y reiteradas-, impone denegar su solicitud. · Derecho Contencioso Administrativo
119.- 11/11/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 25 de septiembre de 2019. CONTENCIOSO: EL FISCAL RECHAZA LA POSIBILIDAD DE DENUNCIAR UN DELITO FISCAL YA SANCIONADO O LIQUIDADO, INTRODUCIDA POR REFORMA DE 2017 EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA. El artículo 197. Bis del Reglamento controvertido y declarado nulo, está en oposición frontal con los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito fiscal. Para el Supremo no es posible denunciar un delito fiscal ya sancionado o liquidado. El precepto anulado permitía que la apreciación de indicios de delito contra la Hacienda Pública pudiera tener lugar en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción. El Supremo da la razón a la Asociación Española de Asesores Fiscales y declara que además de carecer de la habilitación legal suficiente, el apartado 2 del artículo 197 bis del RD 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria, se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública. Insiste la sentencia en que la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador. Da un argumento más, y es que la previsión reglamentaria según la cual, en estos casos, se suspenderá la ejecución de las liquidaciones y sanciones ya impuestas, resulta contradictoria con la previsión legal contenida en los artículos 250 y 251 de la LGT (sea o no posible dictar una liquidación), y que imponen a la Administración el deber de abstenerse de incoar un procedimiento sancionador sobre esos hechos o, incluso, “el archivo” del procedimiento sancionador eventualmente iniciado. La estimación del recurso es solo parcial al no acogerse la impugnación del artículo 74.1.h) del mismo Reglamento porque el Alto Tribunal si considera que las multas penales quedan incluidas entre las obligaciones tributarias que no debe tener p endiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de sus obligaciones. Voto Particular. · Derecho Contencioso Administrativo
118.- 04/11/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 16 de octubre de 2019. CONTENCIOSO: AVALA QUE LAS UNIVERSIDADES INCLUYAN UNA VARIABLE DE GÉNERO EN LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS DEPARTAMENTOS DONDE CREAR NUEVAS CÁTEDRAS. SEÑALA QUE ESTÁ DENTRO DE LAS FACULTADES PROPIAS DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y QUE NO SUPONE INFRACCIÓN O LESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LA IGUALDAD, EL MÉRITO Y LA CAPACIDAD. La Sala de los Contencioso-administrativo ha considerado no discriminatorio sino objetivo y razonable el acuerdo de la Universidad Autónoma de Madrid que introdujo en 2016 una variable de género para elegir los departamentos universitarios donde se crearían las nuevas plazas de cátedra. El acuerdo avalado establecía cuatro criterios para seleccionar los departamentos o áreas de conocimiento donde se crearían 22 nuevas cátedras por promoción interna. Junto a la experiencia investigadora, la docente, y la antigüedad en la acreditación, se añadía como cuarto criterio el relativo a la estructura de la plantilla que se encontraría condicionado por la asignación de puntos en función de la infrarrepresentación o no de las catedráticas. Así, el acuerdo establecía que, si la proporción de catedráticas en un departamento era de 0% a 10 %, se asignaría a dicho área 10 puntos, si ésta se encuentra entre10% a 2’%, será de 7,5 puntos, si está entre 20% a 30% será de 5 puntos y si está entre 30% y 40%, será de 2,5 puntos. El Supremo advierte que sólo se está examinando lo que sería esa primera fase que trata de determinar cómo se estructura la plantilla, qué plazas en concreto han de crearse y, sobre todo, dónde. Y para ello se establece una puntuación, cuya relevancia sirve para determinar en qué áreas de conocimiento se adscribirán las cátedras de nueva creación, fijando, como uno de los elementos a valorar, la infrarrepresentación de catedráticas en departamentos universitarios. Luego vendría la segunda fase, que consistirá en aprobar la correspondiente convocatoria del concurso para cubrir cada una de las concretas plazas creadas, entre los específicos solicitantes de los mismos. “De manera que la única ventaja que introduce esa variable de género es que en aquellos departamentos o áreas de conocimiento donde no haya ninguna catedrática, o tenga un número reducido de éstas, hay más posibilidades de que se cree allí una cátedra, a la que posteriormente concurrirán, en igualdad de condiciones, los profesores y las profesoras”. Ese posterior proceso selectivo para cada cátedra recuerda la sentencia, se habrá de desarrollar “con estricta observancia de la igualdad, el mérito y la capacidad”. “No estamos ahora, por tanto, ante las habituales medidas de discriminación positiva, que ante méritos equivalentes se confiere preferencia a la mujer, como colectivo tradicionalmente preterido. Ni tampoco se trata de atribuir puntos, insistimos, a la candidata del sexo infrarrepresentado, frente a un competidor del sexo opuesto. En el caso examinado, no hay ninguna cátedra convocada, ni hay ningún concurso que deba cubrirse. Simplemente se trata de determinar los departamentos o áreas de conocimiento dónde se crearán, donde se ubicarán, esas 22 plazas existentes, y para determinar ese lugar de creación, entre los cuatro criterios fijados, puede incluirse el de “estructura de plantilla”, que atiende a la existencia de mayor o menor número de catedráticas en cada área o departamento”, señala el TS. En su sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Teso, el Supremo resalta que “lo que persigue mediante esa asignación de puntuación es evitar el crecimiento de “la brecha de género en la universidad española”, como denomina el Ministerio Fiscal, mediante la cita de los datos del Ministerio de Educación y Ciencia, destacando que durante el periodo 2014-2015, de un total de 10.234 profesores catedráticos integrados en el personal docente e investigador de la universidad española sólo el 20,8% son mujeres. Como conclusión, la Sala establece que el criterio previsto en la convocatoria impugnada denominado de “estructura de su plantilla” para determinar los departamentos o áreas donde deben crearse nuevas plazas, se encuentra dentro del ámbito propio de la autonomía universitaria, y que atender a la mayor o menor presencia de catedráticas en dichos departamentos, mediante la asignación de puntuación en función de dicha proporción, “no supone una discriminación proscrita por el ordenamiento jurídico”. · Derecho Contencioso Administrativo
117.- 04/11/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 4 de noviembre de 2019. CONTENCIOSO: EXIGE MOTIVAR EL CESE DE LOS FUNCIONARIOS EN CARGOS DE LIBRE DISPOSICION. ADEMÁS DE LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO QUE ACUERDA EL CESE, LA MOTIVACIÓN EXIGE EXPONER LAS RAZONES POR LAS QUE LOS MOTIVOS DE OPORTUNIDAD, CONFIANZA E IDONEIDAD QUE LLEVARON A LA ELECCIÓN YA NO CONCURREN O, SI CONCURREN, QUE OTRA CIRCUNSTANCIA OBJETIVA DETERMINA LA PERTENENCIA DEL CESE. Sienta el Supremo doctrina sobre el cese de los funcionarios nombrados mediante el sistema de libre designación, porque aun siendo cierto que pueden ser cesados discrecionalmente, ello no obsta a que rija la regla general de motivación. En las plazas funcionariales de libre designación es preciso motivar la elección, para así exteriorizar el cumplimiento de esos límites a los que no está sujeta tal elección, y de igual manera se debe motivar el cese. El funcionario de carrera que desempeña un puesto cualificado como de libre designación tiene interés en su permanencia, aunque no un derecho a la inamovilidad en ese concreto puesto, y por ello, el cese debe ajustarse a exigencias formales obvias, y entre ellas, la motivación, que se extiende más allá de la competencia del órgano que la acuerda. La motivación del cese debe contener la razón o razones de por qué los motivos de oportunidad, confianza e idoneidad que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren, qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese. Aunque la razón o razones del cese no serán enjuiciables, si impone el Supremo que no se intente colmar el deber de motivación con expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección. El Supremo estima el recurso y conde a la Administración demandada a que dicte un auto de cese exponiendo las causas, que habrán de comunicarse al funcionario afectado. No pueden los órganos judiciales indagar cual es la causa del cese haciendo el trabajo que corresponde a la Administración, sino que debe ser ella quien explicite y lo haga en términos susceptibles de control. No estima la pretensión de resarcimiento ni la reposición el puesto, ya que no existe un derecho a la permanencia en el mismo. · Derecho Contencioso Administrativo
116.- 28/10/2019 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 25 de septiembre de 2019. CONTENCIOSO: PROTECCIÓN DE DATOS. Confirmación de las multas impuestas a una mercantil cosmética por incluir indebidamente a una persona en el fichero de solvencia ASNEF y por tratar sus datos sin consentimiento. Suplantación de personalidad por un tercero para darse de alta como distribuidor de la sancionada y comprar productos que no abonó. Falta de diligencia de la empresa recurrente, que incorporó a sus sistemas de información los datos personales del afectado sin contar con su consentimiento y sin que existiera entre ellos una relación comercial previa. Incumplimiento de los requisitos exigidos para la inclusión de datos personales en ficheros de solvencia patrimonial. Inexistencia de una deuda cierta, vencida y exigible y de requerimiento previo de pago. La conducta fraudulenta del tercero no excluye la culpabilidad de la sancionada. Proporcionalidad de la cuantía de las multas. Inexistencia de caducidad de las actuaciones previas del procedimiento sancionador y de prejudicialidad penal. · Derecho Contencioso Administrativo
115.- 28/10/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 10 de octubre de 2019. CONTENCIOSO: PRISIÓN PREVENTIVA. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. INDEMNIZACIÓN. ARTICULO 294.1 LOPJ. DOCTRINA CONSTITUCIONAL. La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha establecido que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. Aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la limitación de los casos indemnizables por prisión preventiva indebida a los que terminaban en absolución ‘por inexistencia del hecho imputado” o los que por esta misma causa, daban lugar a auto de sobreseimiento libre. El TS indica que, “aunque el Tribunal Constitucional difiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención <>, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización”. La Sentencia condena a la Administración de Justicia a abonar una indemnización de 3.000 euros a un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional tras ser denunciado por un delito de violación y un delito de lesiones. La citada indemnización por prisión preventiva indebida se suma a los 6.750 euros de indemnización que ya le había sido reconocida por las dilaciones indebidas en la tramitación de su proceso penal. Es decir, en total percibirá 9.750 euros. Sobre la cuantía de la indemnización por prisión indebida, el Supremo recuerda que la Ley señala que se establecerá “en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”. Asimismo, indica que hay que partir de la obligación que corresponde a la parte demandante de acreditar los daños y perjuicios que se alegan causados por la prisión provisional, de forma tal que sobre ella recae la obligación de aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los daños efectivamente causados. En el presente caso, el TS subraya que la parte se ha limitado a solicitar una indemnización fijando una cantidad global por cada día de privación de libertad, petición que sólo viene apoyada en dos datos, de un lado la edad del demandante (31 años) y de otro, la carencia de antecedentes penales. Consiguientemente ninguna referencia se realiza a circunstancias laborales y familiares del recurrente que pudieran haberse visto afectadas por la prisión, las cuales tampoco se deducen del expediente administrativo y más en concreto de las actuaciones penales. “Siendo esto así, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso, al tiempo de duración de la privación de libertad y al carácter más o menos afrentoso del delito imputado, en este caso un delito de violación”. · Derecho Contencioso Administrativo
114.- 28/10/2019 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 25 de julio de 2019. LAS NORMAS DE COMPETICIÓN DEL DESCENSO DEL SELLA NO DISCRIMINAN A LAS MUJERES. LA ACTUACIÓN DEL CODIS IMPUGNADA NO HA SUPUESTO UNA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DE LA MUJER RESPECTO DEL HOMBRE PARTICIPANTE EN LA MISMA COMPETICIÓN DEPORTIVA, PUES NO VETA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y, ADEMÁS, PARTICIPAN CON ARREGLO A LAS MISMAS NORMAS DE COMPETICIÓN QUE LOS HOMBRES. · Derecho Contencioso Administrativo
113.- 14/10/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 3 de octubre de 2019. CONTENCIOSO: SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR FALTA MUY GRAVE A UN MAGISTRADO. AUTO DICTADO EN CAUSA PESE A RECUSACION POR UNA DE LAS PARTES. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirma la suspensión de seis meses por la comisión de una falta muy grave de desatención que impuso el Consejo General del Poder Judicial a un magistrado, titular de un juzgado de instrucción. El tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el juez y declara ajustado a derecho el acuerdo del Pleno del CGPJ y la resolución de la Comisión Disciplinaria. En el caso concreto, la suspensión de funciones por falta muy grave se le impuso por haber dictado un auto en una causa que instruía, pese a estar recusado por una de las partes. El CGPJ lo sancionó por una falta muy grave de desatención prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El tribunal rechaza también la indemnización solicitada por el recurrente en concepto de reparación por daños morales al considerar que no ha sufrido ningún daño que no hubiera estado obligado a soportar. · Derecho Contencioso Administrativo
112.- 12/10/2019 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 15 de mayo de 2019. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Reducciones de la base imponible. LA PRESTACIÓN DENOMINADA "DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD" REQUIERE QUE LA ACTIVIDAD SEA EFECTIVA, lo que no se cumple mientras dura un proceso de despido, aunque después sea declarado nulo. Por más que posteriormente se tenga derecho a los salarios de tramitación y correspondientes cotizaciones, durante la tramitación del despido, no se trabaja, y tal hecho permite a la trabajadora que pueda ocuparse personalmente de dichos cuidados. El TSJ Asturias desestima recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de la obligada tributaria contra resolución del TEARA sobre denegación de rectificación de autoliquidación referida al IRPF, ejercicio 2014. resolución que se confirma por ser ajustada a derecho, sin hacer especial pronunciamiento sobre costas. · Derecho Contencioso Administrativo
111.- 12/10/2019 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. EL SERGAS DEBE INDEMNIZAR CON 40.000 EUROS A UNA FAMILIA POR EL DAÑO MORAL DERIVADO DE LA ENFERMEDAD GENÉTICA HEREDADA POR SU HIJO. Las manifestaciones y síntomas que presentaba la paciente, unido a la sospecha e incluso el diagnóstico realizado, previamente, de la enfermedad padecida (DEH), obligaba a los facultativos del Sergas a indicar un estudio genético que permitiese conocer si se encontraban ante una mujer portadora de una enfermedad genética, como así fue, y a ofrecerle un consejo genético con información de los riesgos de transmitir la enfermedad a sus hijos. El TSJ reconoce una suma de 40.000 euros como indemnización a una familia por los daños y perjuicios derivados de haber tenido una hija con una enfermedad genética hereditaria, que le acarrea malformaciones e incapacidad, y que podía haberse evitado si se le hubiera realizado un estudio genético. La madre había sido ya previamente diagnosticada de DEH (displasia ectodérmica hipohidrótica), un trastorno genético caracterizado por la malformación de estructuras ectodérmicas (piel, pelo, dientes, etc…), lo que obligaba a que previo a sus embarazos, se le debería haber realizado el estudio y consejo genético correspondientes. · Derecho Contencioso Administrativo
110.- 07/10/2019 Tribunal Supremo. Sala Tercera. Sección Cuarta. Sentencia de 30 de septiembre de 2019. CONTENCIOSO: EXHUMACIÓN DE FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS. Artículos 14,16,18 y 24 de la CE y 1.5 del Acuerdo con la Santa Sede. El Supremo desestima en su integridad el recurso contencioso administrativo interpuesto por la familia del dictador. El Supremo no encuentra razones para dudar de la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 10/2018, ya que en su convalidación tan solo tuvo dos votos en contra y no fue interpuesto contra el mismo, recurso alguno por los parlamentarios. Aprecia la existencia de justificación de urgencia y necesidad exigidas por la Constitución para este tipo de normas. Considera igualmente que la exhumación no afecta a la libertad religiosa sino que atiende al cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (Ley de Memoria Histórica), como tampoco atenta contra el derecho a la intimidad familiar ya que, aunque comprende el derecho a elegir el destino de los restos de familiares, este derecho puede verse limitado por razones de interés público, ya que no se trata de una sepultura particular. El Supremo entiende justificada la oposición del Consejo de Ministros a la Cripta de la Catedral de la Almudena, no sólo por razones de seguridad sino, especialmente, por la significación de Franco. La decisión de que sea enterrado en el Cementerio de El Pardo-Mingorrubio se tomó una vez expirado el plazo para que sus familiares ofrecieran otro destino, ya que allí yacen los restos de la abuela de los recurrentes. Para el Alto Tribunal tampoco se infringe la legalidad urbanística: “las operaciones necesarias para extraer los restos mortales del sepulcro en que se encuentran, según el proyecto presentado por el Patrimonio Nacional --que se ocupa de las actuaciones de mantenimiento y rehabilitación del recinto monumental del Valle de los Caídos-- obrante en el expediente, no parecen presentar particular dificultad. Al fin y al cabo, se trata de levantar una losa, extraer los restos y reponer el solado original, revirtiendo así el pavimento de la Basílica a su estado anterior a 1975. El examen del proyecto técnico lo pone de manifiesto con claridad y no se advierten especiales problemas de seguridad en la ejecución de los trabajos que no puedan ser prevenidos sin necesidad de recurrir a medios excepcionales ni tampoco riesgo de daños a los elementos ornamentales que no puedan ser restaurados, caso de que llegaran a producirse. Según se dice en él “los trabajos (…) no implican alteración alguna de las condiciones de volumen, ocupación o edificabilidad (…) por lo que no suponen modificación urbanística”. Por lo tanto, se establece que para realizar esa operación de exhumación no necesita licencia municipal, como tampoco se encuentra irregularidad desde la perspectiva de sanidad mortuoria. · Derecho Contencioso Administrativo
109.- 07/10/2019 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 1 de octubre de 2019. CONTENCIOSO: USO DE COOKIES. ACEPTACION EXPRESA. PROTECCION DE LA INTIMIDAD EN EL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS. El litigio principal versaba sobre la organización de un juego con fines promocionales por Planet49 en el sitio de Internet www.dein-macbook.de. Para participar en él, los internautas debían indicar su nombre y dirección en una página web que contenía varias casillas. La casilla con la que se autorizaba la instalación de cookies estaba marcada por defecto. El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), que conocía del recurso interpuesto por la Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores, albergaba dudas acerca de la validez de la obtención del consentimiento de los usuarios mediante una casilla marcada por defecto y sobre el alcance de la obligación de información que recae sobre el proveedor de servicios. La petición de decisión prejudicial tenía esencialmente por objeto la interpretación del concepto de consentimiento contenido en la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, en relación con la Directiva 95/46, y con el Reglamento general de protección de datos. El Tribunal de Justicia declara que: 1.- el uso de cookies, tiene que ser aceptado expresamente. El hecho de que el usuario active el botón de participación en el juego organizado con fines promocionales no basta para considerar que el usuario ha dado de manera válida su consentimiento para la colocación de cookies. 2.- El artículo 5, apartado 3, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas persigue proteger al usuario de toda injerencia en su esfera privada, independientemente de que dicha injerencia afecte a datos personales o de otro tipo. De ello se deduce que el concepto de consentimiento no debe interpretarse de manera diferente en función de que la información almacenada o consultada en el equipo terminal del usuario de un sitio de Internet sean o no datos personales. 3.- El artículo 5, apartado 3, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas requiere que el usuario haya dado su consentimiento después de que se le haya facilitado información clara y completa, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, lo que debe permitir al usuario determinar fácilmente las consecuencias de cualquier consentimiento que pueda dar y garantizar que dicho consentimiento se otorgue con pleno conocimiento de causa. A este respecto, el Tribunal considera que el tiempo durante el cual las cookies están activas y la posibilidad de que terceros tengan acceso a ellas forman parte de la información clara y completa que el proveedor de servicios debe facilitar al usuario de un sitio de Internet. · Derecho Contencioso Administrativo
108.- 07/10/2019 Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León. Sentencia de 11 de julio de 2019. AUTÓNOMOS SOCIETARIOS.TARIFA PLANA. Los autónomos societarios tienen derecho a disfrutar de la tarifa plana de la seguridad social. El juzgado falla a favor de un autónomo y declara que el artículo 31 de la ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto de trabajador autónomo, no excluye la aplicación de sus beneficios a los socios de entidades mercantiles por lo que tiene derecho el autónomo a la aplicación de la conocida como tarifa plana, obligando a devolver al recurrente la cantidad por la que cotizó en exceso durante el segundo año de alta en el reta, en el que no se le aplicaron las reducciones correspondientes de la tarifa plana, tras iniciar su actividad como autónomo societario después de un primer año dado de alta como persona física. · Derecho Contencioso Administrativo
107.- 30/09/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS QUE OBSTACULIZAN LA ACCIÓN RECAUDATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN. La responsabilidad solidaria por deudas tributarias de otro obligado tributario, cuya obligación de pago venga determinada por haber sido declarado responsable subsidiario del deudor principal, surge siempre que concurran los presupuestos de hecho previstos por la Ley como determinantes en la declaración de responsabilidad. Recuerda el Supremo, que esta responsabilidad solidaria por obstaculizar la acción recaudatoria de la Administración fue introducida como fundamento no vinculado directa e indirectamente al "deudor principal" y a la deuda pendiente de pago por éste, sino a la garantía de que el deudor principal, pero también cualquier otro obligado al pago, responda de la deuda con su patrimonio. · Derecho Contencioso Administrativo
106.- 16/09/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 9 de julio de 2019. CONTENCIOSO: ADMITE LA POSIBILIDAD DE GUARDAR LA NOTA DE UN EJERCICIO PARA LA SIGUIENTE CONVOCATORIA EN UNA OPOSICIÓN. Por imposibilidad material de ejecutar la sentencia que ordenó la retroacción del proceso selectivo, en atención al tiempo transcurrido desde la toma de posesión de quienes superaron el proceso selectivo, además de los eventuales perjuicios públicos que podrían derivarse. Así, constatada la imposibilidad de ejecución de una sentencia en un proceso selectivo por el transcurso del tiempo, sí cabe aceptar una sustitución como la aquí ofertada y declarada. Puntualiza además el Supremo que esta ejecución sustitutoria no implica " reformatio in peius" pues no coloca a la recurrente en situación más perjudicial respecto a la que partió en la sentencia cuya inejecución se declara, procediendo a su sustitución. · Derecho Contencioso Administrativo
105.- 10/09/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. FIJA COMO CRITERIO INTERPRETATIVO DEL ARTÍCULO 18.1 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 56.1 DE SU REGLAMENTO, QUE EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL QUE SE REFIEREN TALES PRECEPTOS ES UN REQUISITO PRECEPTIVO Y ESENCIAL EN LOS EXPEDIENTES EXPROPIATORIOS, CUYA AUSENCIA, SEGÚN CONSTANTE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL, DETERMINA, CON CARÁCTER GENERAL, LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO, FIJANDO, COMO LÍMITE PARA SU DENUNCIA, LA FECHA EN LA QUE EL ACUERDO DE JUSTIPRECIO GANÓ FIRMEZA. Para el Supremo el plazo de quince días, fijado por el artículo 18.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, por el que los afectados puedan formular cuantas alegaciones estimen oportunas respecto a la expropiación en curso, es "esencial": " (...) este trámite es requisito preceptivo y esencial en las expropiaciones, siendo válido tanto cuando se produce con posterioridad a la aprobación del Proyecto causa de la expropiación ( sentencia nº 1078/18 ), como cuando es simultáneo a la convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación ( sentencia nº 1617/16 y las que en ella se citan), siempre y cuando el ámbito de las alegaciones del afectado no se vea limitado ( art. 19.2 LEF )". El Supremo fija que el momento límite para denunciar ese vicio del procedimiento es cuando el acuerdo de justiprecio haya adquirido firmeza. · Derecho Contencioso Administrativo
104.- 29/07/2019 Audiencia Nacional. Sentencia de 9 de julio de 2019. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TITULAR REAL. La Audiencia Nacional desestima el recurso interpuesto contra la Orden Ministerial de Justicia, de 21 de marzo de 2018, por la que se aprobaron los nuevos modelos para la presentación, en el Registro Mercantil, de las cuentas anuales. La impugnación, llevada a cabo por el Consejo General del Notariado y la AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACIÓN SL, se centraba fundamentalmente en la declaración de identificación del titular real. La razón de su desestimación es la falta de legitimación activa de los demandantes al no concurrir en ellos un interés efectivo que motivara la impugnación, sino intereses corporativos centralizados en la subsistencia de la OCP que se dice amenazada y en el retorno económico de los esfuerzos y gastos invertidos en la creación de esta base de datos, algo que, además, se considera por la Sala como mera hipótesis elucubrativa, carente de base alguna (menos aun cuando es la propia parte adora la que de fondo hace hincapié en las bondades y cualidades de la misma) y que por tanto no puede dar cobertura a una legitimación atendible, ni de Consejo General del Notariado ni de la SLU por el participado al 100%, por mucha amplitud que se quiera dar al principio "pro actione". Señala el tribunal que los recurrentes llegan "a presumir (considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales, sin tener certeza completa de ella) que con la OM recurrida la existencia de la OCP notarial va a devenir innecesaria cuando son los propios Notarios la que la necesitan y, en lo que respecta a terceros no cabe duda que sabrán apreciarla en las cualidades que los actores defienden que reúne." Por último recuerda la V Directiva, y el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, por la que se traspone la IV Directiva, entre otras normas, que respaldan la OM cuestionada. · Derecho Contencioso Administrativo
103.- 29/07/2019 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sentencia de 4 de julio de 2019. CONTENCIOSO: TARIFAS MÍNIMAS EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: LA STJUE DE 4 DE JULIO DE 2019 (Sala cuarta, asunto C-377/17). La Sentencia se refiere a la existencia de tarifas mínimas de los arquitectos e ingenieros alemanes en sus servicios de planificación, si bien, perfectamente podrían aplicarse en la actual regulación de los denominados criterios de minutación de los Colegios de Abogados y la problemática que se plantea en relación con las normas de defensa de la competencia que, a juicio de quien escribe, podría cercenar los derechos de los consumidores. La Sentencia del TJUE considera que la imposición de tarifas mínimas puede contribuir a limitar el riesgo de que los prestadores de servicios practiquen una competencia basada en la oferta de prestaciones a la baja, que elimine a los operadores que ofrezcan prestaciones de calidad a través de una selección adversa, impidiendo que las prestaciones se ofrezcan a precios insuficientes para garantizar a largo plazo su calidad. La desestimación de las pretensiones de la República Federal Alemana se basa, además, en que “la prestación de tales servicios no está reservada en Alemania a personas que ejerzan una actividad regulada, por lo que, en cualquier caso, no existe ninguna garantía de que quienes presten tales servicios (…) hayan demostrado su aptitud profesional para ello”, no estando sometidas “a un control impuesto por la normativa profesional o por los colegios profesionales, puesto que tales servicios pueden ser prestados por personas que no sean arquitectos o ingenieros y, por tanto, no estén sujetas a una normativa profesional”, colegiación que –según el TJUE- podría garantizar la calidad de las prestaciones. · Derecho Contencioso Administrativo
102.- 29/07/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 29 de julio de 2019. SENTENCIAS DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 1 DE JULIO DE 2019; 8 DE JULIO DE 2019 y 15 DE JULIO DE 2019. EL TRIBUNAL SUPREMO ESTABLECE QUE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA NO ESTÁ SOMETIDA A LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha distado tres sentencias donde establece que el servicio de asistencia jurídica gratuita que prestan los abogados del turno de oficio, cuya organización compete a los Colegios de Abogados, no está sometido a las normas de la competencia. En la Sentencia de 15 de julio de 2019 el Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado y confirma el fallo de la Audiencia Nacional que anuló una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en la que se imponía al Consejo General de la Abogacía una multa de 59.983 euros por una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia cometida en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita. En la Sentencia de 1 de julio de 2019, confirma la anulación de una sanción de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara también por conductas anticompetitivas. Y en la Sentencia de 8 de julio de 2019 , da la razón al Colegio de la Abogacía de Bizkaia y confirma la anulación de una sanción de 100.000 euros interpuesta por la Agencia Vasca de la Competencia. La Sala destaca que este servicio lo prestan letrados específicamente formados para asistir a quienes se les reconoce el derecho a la justicia gratuita; y que en el marco de la relación profesional entablada, el beneficiario del turno de oficio no tiene posibilidad de designar a su letrado ni de fijar o pacta su remuneración, que es sufragada por el Estado. Añade que la naturaleza jurídica de la actividad de la asistencia jurídica gratuita es de SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER PRESTACIONAL. En este contexto, el tribunal indica que en este caso “no nos encontramos ante la existencia de un mercado en el que entren en juego las reglas de la libre competencia, que constituye el presupuesto objetivo para poder aplicar la prohibición contenida en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, referida a aquellas conductas que impidan, restrinjan o falseen la competencia”. Después de analizar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la Sala concluye que los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas de los Colegios de Abogados, o, como en este caso, del Consejo General de la Abogacía Española, “son susceptibles de vulnerar las reglas de la libre competencia cuando inciden en la regulación del ejercicio profesional de los abogados que corresponde a la actuación en el mercado de libre prestación de servicios de defensa y asesoría jurídica, en cuanto se refiere a la oferta de servicios profesionales prestados y a las condiciones de remuneración de los mismos. Sin embargo, cuando se trata de los servicios profesionales prestados por abogados del turno de oficio, al amparo de la Ley 1/1996, de 13 de enero, de asistencia jurídica gratuita, no resultan aplicables las normas comunitarias o nacionales de competencia”. Explica la Sala que en el marco regulador de la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los abogados no concurren las notas determinantes de la aplicación del principio de libre competencia, que se sustenta en la idea de base económica de que el mercado se rige por la ley de la oferta y de la demanda, debiendo estar abierto a la iniciativa empresarial, con el objetivo de que se produzca un funcionamiento equilibrado del mismo, en beneficio de los consumidores. Sin embargo, “en el ámbito estricto al que nos venimos refiriendo -prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita- los abogados no compiten entre sí, no existe libertad de contratación de los servicios profesionales del abogado, ni libertad para fijar los honorarios, ni hay propiamente retribución que deba satisfacer el cliente, al corresponder al Estado la obligación jurídica de compensar adecuadamente el trabajo realizado al servicio de la Administración de Justicia”. Por último, advierte que la conclusión que alcanza sobre la inaplicabilidad de la Ley de Defensa de la Competencia al ámbito estricto de la regulación corporativa del servicio de asistencia jurídica gratuita “no implica que los acuerdos de los Colegios de Abogados adoptados respecto de la ordenación del servicio de asistencia jurídica gratuita estén exentos del control de juridicidad que corresponde a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución; que incluye, en su caso, examinar si las medidas adoptadas para garantizar la regularidad y calidad en la prestación del servicio son adecuadas e idóneas para cumplir los objetivos fijados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y en las normas complementarias”. VOTO PARTICULAR. · Derecho Contencioso Administrativo
101.- 29/07/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 8 de julio de 2019. INTERÉS CASACIONAL. PROTECCIÓN DE DATOS. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. DIFUSIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON OCASIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCEDIMIETNO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. ARTÍCULO 6.2 DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. ARTÍCULO 140 DE LA LEY 33/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID). Sanción por la publicación de datos personales de los arrendatarios de viviendas propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid en el marco del procedimiento para su enajenación. Conducta desproporcionada que excedió de lo necesario para cumplir las previsiones de publicidad y transparencia del art. 140 Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La difusión en abierto de los datos personales de los afectados que no resulten imprescindibles para el ejercicio de funciones públicas en los supuestos de venta de inmuebles litigiosos regulados en la LPAP queda sujeta a la LOPD y exige el consentimiento previo de los afectados. El Tribunal Supremo desestima el recurso de interés casacional contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la sanción impuesta al IVIMA por una infracción grave de la LOPD, al publicar datos personales sin el consentimiento de los interesados en el procedimiento de enajenación de viviendas. · Derecho Contencioso Administrativo
100.- 22/07/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 21 de junio de 2019. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. IGUALDAD Y EDUCACIÓN. INTEGRACIÓN. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha reconocido por las circunstancias del caso el derecho de unos padres de un niño con necesidades educativas especiales a elegir el colegio en el que desean escolarizar a su hijo, en la modalidad de integración, frente al que le había asignado la Consejería de Educación de La Rioja en 2017. El tribunal considera que la Administración vulneró el derecho a la igualdad y a la educación del niño al adjudicarle un colegio en horario partido y no en otro, elegido por los padres, en jornada continua que permitía al alumno acceder por las tardes a programas de tratamiento extraescolar y descansar. El Tribunal Supremo, además de anular el fallo de la sentencia recurrida, afirma que es cierto que no se ha producido una negativa absoluta de la administración a la pretensión ejercitada porque se reconoce la educación inclusiva pero no en el centro elegido por los padres. Agrega que “estamos ante exigencias cualificadas que exigen un tratamiento acorde con sus necesidades para desarrollar la personalidad del niño que exigen una valoración circunstanciada”. La Sala considera relevante que en el centro preferido por los padres trabaje como profesora la madre del niño cuya escolarización se pretende; un dato que, según los magistrados, no fue valorado por la sentencia recurrida. Concluye la Sala que , “entendemos que, con la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, son las particularidades de cada caso las que deben tomarse en consideración en orden a la educación inclusiva”…. “no cabe afirmar como regla general que la elección de centro educativo en un supuesto como el que nos ocupa sea cuestión de legalidad ordinaria, sino que entra en el ámbito del proceso especial de protección de los derechos fundamentales”…. “las circunstancias personales del caso examinado en orden a la conciliación de los derechos del menor y de los padres permiten la elección del centro”. · Derecho Contencioso Administrativo
99.- 22/07/2019 Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Orense. DERECHO ADMINISTRATIVO. EL JUZGADO AUTORIZA LA HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA EN OURENSE DE UN PACIENTE DIAGNOSTICADO DE TUBERCULOSIS. EL JUEZ, DE ESTA FORMA, RATIFICA, A PETICIÓN DE LA XUNTA, LA MEDIDA ACORDADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA EL PASADO 14 DE JUNIO. El juzgado ha autorizado la hospitalización bajo custodia y medidas que impidan la huida. El objetivo es que se le aplique “la medida sanitaria correspondiente hasta que deje de representar un riesgo para la salud pública. La enfermedad según consta en al auto, le fue diagnosticada hace más de un año y desde entonces, “no cumplió con el tratamiento ni las obligatorias citas para la administración del medicamento, lo que le obligaba a reinstaurarlo hasta que volvía a interrumpirlo”. · Derecho Contencioso Administrativo
98.- 15/07/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. No es posible condenar en vía civil a la aseguradora de la Administración a pagar una indemnización superior a la reconocida en vía administrativa. Una vez declarada la responsabilidad de la Administración y establecida la indemnización, si el perjudicado no acude a la vía contenciosa, esos pronunciamientos quedan firmes. Los demandantes ejercitaron la acción directa del art. 76 de la Ley 50/1980, de contrato de seguro, frente a la aseguradora de la Administración sanitaria reclamando el pago de una indemnización por la negligente atención médica prestada en una intervención quirúrgica. Con anterioridad, los perjudicados habían acudido a la vía administrativa exigiendo la correspondiente responsabilidad patrimonial de la Administración. · Derecho Contencioso Administrativo
97.- 01/07/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 3 de julio de 2019. CONTENCIOSO: Estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales, contra el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, declarando la nulidad de su artículo 51.2 por ser disconforme con el ordenamiento jurídico. La Sala considera que la modificación del art. 51.2 en tanto cuantifica el importe de forma general y abstracta desvinculándolo del concreto procedimiento en el que se producen los gastos a sufragar y prescindiendo de estos, en tanto que se desconecta de los costes del concreto procedimiento, le hace perder su verdadera naturaleza, pues ya no se puede hablar de costas del procedimiento, sino que cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento. · Derecho Contencioso Administrativo
96.- 24/06/2019 Audiencia Nacional. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEDUCIDA POR INTERNA, POR DEFICIENTE ATENCIÓN MÉDICA TRAS INGRESAR EN CENTRO PENITENCIARIO SUFRIENDO UN ABORTO. DESESTIMACIÓN. No existió un funcionamiento anormal por infracción de la “lex artis” que supusiera un nexo causal entre la atención médica recibida y el aborto. La Sala concluye que fue adecuada y completa la puesta a disposición a favor de la interna de todos los recursos necesarios para atender y velar por su salud y que el aborto que sufrió no trae una causa en un funcionamiento anormal de la asistencia médica recibida por infracción de la “lex artis”. · Derecho Contencioso Administrativo
95.- 17/06/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 27 de mayo de 2019. CONTENCIOSO: EXTRANJERÍA: EL TRIBUNAL SUPREMO FIJA QUE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TEMPORAL POR RAZONES EXCEPCIONALES SON PRORROGABLES MÁS DE UN AÑO. DA LA RAZÓN AL PADRE EXTRANJERO DE UN NIÑO ESPAÑOL A QUIEN SE DENEGÓ LA PRÓRROGA DE LA AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL DE RESIDENCIA POR ARRAIGO FAMILIAR. La Sala Tercera del TS ha dictado una sentencia en la que fija como criterio que las autorizaciones de residencia temporal en España por razones excepcionales que recoge el Reglamento de la Ley de extranjería, son susceptibles de prórroga aun cuando ello suponga el transcurso, en tal situación por más de un año, con independencia de que el titular de esas autorizaciones pueda solicitar la autorización de residencia, o de residencia y trabajo, si concurren las circunstancias para ello. El Supremo estima el recurso de un extranjero que es padre de un menor de nacionalidad española y que obtuvo una primera autorización de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo familiar. Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno de Alicante, en 2013, le denegó la prórroga por entender que del Reglamento de la Ley de Extranjería se infiere que no cabe esa prolongación. Un Juzgado de lo Contencioso de Alicante, así como el Tribunal Superior de Justifica de Valencia, rechazaron el recurso del solicitante y consideraron correcta la decisión de la Subdelegación. · Derecho Contencioso Administrativo
94.- 16/06/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Auto del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2019, en el que aborda las facultades de los órganos judiciales de instancia en la fase de preparación del recurso de casación. · Derecho Contencioso Administrativo
93.- 03/06/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 14 de marzo de 2019. CONTENCIOSO. LA ADJUDICACIÓN A UNO DE LOS HEREDEROS DE UN CONDOMINIO INDIVISIBLE PAGA SÓLO POR ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. En la medida en que la adjudicación a uno de los condóminos de un bien indivisible, pero del que ya era titular dominical de una parte, a cambio de su equivalente en dinero, se está ante una operación no sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, sino a la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Se sigue un criterio ya sentado por el Supremo en relación a un supuesto de liquidación del IAJD de una liquidación de gananciales en el que se mantuvo que la convención por virtud de la cual un cónyuge adquiere su mitad indivisa- e indivisible-, de la que ya poseía la otra mitad indivisa por razón de la comunidad que se extingue, compensando en su estricta parte al otro en el valor de tal mitad, no constituye un exceso de adjudicación y, por ende, una transmisión patrimonial en sentido propio, susceptible de gravamen bajo la modalidad del impuesto sobre transmisiones patrimoniales. · Derecho Contencioso Administrativo
92.- 03/06/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 15 de marzo de 2019. CONTENCIOSO: EL SUPREMO ANULA EL REGLAMENTO DE DESTINOS DE LA GUARDIA CIVIL POR NO INCORPORAR INFORME DE SU IMPACTO SOBRE DISCAPACITADOS. El informe resultaba preceptivo dada la incidencia directa de algunos preceptos en los derechos profesionales de los militares afectados por cuestiones relacionadas con la discapacidad y formalmente venía impuesto por la normativa vigente. El informe es materialmente y formalmente ineludible. · Derecho Contencioso Administrativo
91.- 03/06/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. EL REPRESENTANTE HABILITADO EXPRESAMENTE PARA ACTUAR EN UN PROCEDIMIENTO INSPECTOR LO ESTÁ IGUALMENTE PARA ACTUAR EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DERIVADO. No es necesario el otorgamiento específico de otro apoderamiento en el expediente sancionador cuando existe una representación expresa otorgada en el precedente proceso inspector porque ésta se extiende a ambos procedimientos. El otorgamiento de representación no debe ser independiente para el procedimiento sancionador porque, aunque el procedimiento de inspección y el procedimiento sancionador son diferentes, no se exige que se otorguen poderes individualizados de representación. · Derecho Contencioso Administrativo
90.- 13/05/2019 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante. Anulada una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir, por realizar el análisis de saliva en un laboratorio privado. La externalización en un laboratorio privado del análisis impide comprobar la existencia del debido respeto a la cadena de custodia, lo que, unido a la falta de otras garantías procesales, conduce al Juzgado a anular las sanciones impuestas por conducción con presencia de drogas en el organismo. Aunque la Administración insista en que el análisis se le da a un laboratorio privado “bajo cadena de custodia”, el Juzgado subraya que la custodia se rompe en el mismo momento en que la muestra sale del ámbito público, momento a partir del cual no hay constancia alguna de que se haya respetado la cadena de custodia. · Derecho Contencioso Administrativo
89.- 13/05/2019 Tribunal Supremo. Sentencia de 20 de marzo de 2019. CONTENNCIOSO: La Administración tributaria no puede dictar providencias de apremio contra la masa hasta el levantamiento de efectos de la declaración de concurso. Una vez abierta la fase de liquidación, no cabe iniciar ejecuciones separadas, debiendo la Administración instar el pago contra la masa ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha encargado de determinar los límites a las ejecuciones particulares de créditos una vez abierta la fase de liquidación, pes la nueva redacción que la Ley 38/2011 ha dado a los artículos 84.4 y 164.2 LGT al declarar, expresamente, que se produce el devengo de los recargos de apremio y que puede dictarse la correspondiente providencia de apremio, si se trata de créditos contra la masa, lo que hace replantearse la cuestión. · Derecho Contencioso Administrativo
88.- 10/05/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 26 de marzo de 2019. CONTENCIOSO: Para la exención de lo percibido por baja incentivada debe tomarse la fecha de aprobación del ERE y no la del cese particular. El nuevo régimen de exenciones por despidos colectivos es aplicable, exclusivamente, a los despidos derivados de los expedientes de regulación de empleo aprobados a partir de la entrada en vigor del RD-Ley 2/2009, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y de la protección de las personas desempleadas y este régimen transitorio se aplica respecto a la aprobación de los expedientes de regulación de empleo, nunca respecto a la fecha de efectividad de los despidos que traen su causa de aquellos. · Derecho Contencioso Administrativo
87.- 06/05/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 20 de marzo de 2019. CONTENCIOSO: Condena al Gobierno a aprobar el Reglamento sobre acceso y utilización de los bienes y servicios públicos por discapacitados. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. La obligación del mencionado desarrollo normativo está expresamente establecida en la Disposición final tercera, punto 2, de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se trata de un claro supuesto de inactividad formal normativa, pues el Gobierno ha incumplido un deber legal de dictar normas, contribuyendo a que las previsiones legales queden sin efecto. El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y declara la obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad. · Derecho Contencioso Administrativo
86.- 06/05/2019 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 18 de marzo de 2019. CONTENCIOSO: Un mes de suspensión para un abogado que divulgó en juicio las comunicaciones mantenidas con el letrado contrario. El Tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), al considerar como falta grave la divulgación en juicio por parte de un abogado de las negociaciones y comunicaciones privadas establecidas con el letrado de la parte contraria, suponiendo una clara violación de las normas éticas y deontológicas de la profesión. De esta forma, el TSJ ha fallado a favor de CGAE, que había apelado la sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Oviedo, que estimó el recurso interpuesto por el abogado infractor contra la resolución de la Comisión de Recursos y Deontología del Consejo General de la Abogacía, que confirmó anterior resolución de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo donde se impuso una suspensión de un mes para el ejercicio profesional. Se demostró la efectiva lesión de la confidencialidad “a espaldas del abogado contrario, en varias ocasiones, donde se revelaban aspectos como la estrategia de cada abogado, siendo los correos mantenidos entre ambos partes reveladores. El CGAE considera en su recurso que la divulgación de comunicaciones entre abogados, tutelada en el artículo 5 del Código Deontológico, ampara el derecho a la intimidad y deber de guardar secreto. En este sentido, toda infracción que lesione la confidencialidad entre ambas partes supone una violación del artículo 5.3 del Código Deontológico de la abogacía española, donde se prevé como deber de los colegiados: “Mantener como materia reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el abogado o abogados contrarios, con prohibición de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento". · Derecho Contencioso Administrativo
85.- 15/04/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ha dictado sentencia el 19 de febrero de 2019 que permite a los contribuyentes impugnar el recibo del IBI o la liquidación de la plusvalía si el valor catastral atribuido no es el correcto. Una solución excepcional porque rompe la regla general según la cual "impugnándose la liquidación del impuesto no cabe discutir el valor catastral que adquirió firmeza". Esta decisión puede provocar una oleada de reclamaciones de propietarios de fincas situadas en suelo calificado como urbano pero cuyo desarrollo nunca se llegó a aprobar, y que generan cuantiosos recibos de IBI y liquidaciones de plusvalía. Los magistrados interpretan en su sentencia los preceptos de la Ley reguladora de las haciendas locales que se refieren a la gestión catastral y recaudación del IBI y llegan a la conclusión de que no se oponen a la posibilidad de impugnar liquidaciones por IBI discutiendo el valor catastral del inmueble aunque este haya adquirido firmeza en vía administrativa. En otras palabras, se puede impugnar indirectamente la valoración catastral a través de la reclamación del recibo del impuesto en situaciones excepcionales. · Derecho Contencioso Administrativo
84.- 15/04/2019 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 15 de febrero de 2019. CONTENCIOSO: RESPONSABILIDAD DEL MENOR ANTE HACIENDA. Ha confirmado la resolución administrativa que declaraba la responsabilidad solidaria de una menor ante Hacienda por colaborar en la ocultación maliciosa de bienes llevada a cabo por su madre, todo y cuando la aceptación de la donación impugnada la realizara su padre en tanto que su representante legal. Según la sentencia, la hija es responsable solidariamente porque, “aun cuando fuese y sea menor de edad, en el mundo jurídico está representada por su padre y debe asumir las consecuencias de esta representación legal”. · Derecho Contencioso Administrativo
83.- 08/04/2019 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo. En sentencia de 13 de marzo de 2019, ha estimado el recurso interpuesto frente a la resolución de la Consellería de Política Social en la que le denegaba a una familia la condición de numerosa especial y la incluía en la categoría de numerosa general. El juez ha anulado la resolución de la Xunta “por encontrarla disconforme al ordenamiento jurídico”. La sentencia indica que cuando una unidad familiar consigue alcanzar la condición de familia numerosa especial, como en este caso, adquiere “lo que podríamos denominar situación jurídica común consolidada”. · Derecho Contencioso Administrativo
82.- 08/04/2019 Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Sala de lo Contencioso. En sentencia de 8 de abril de 2019, considera que no es prueba suficiente para acreditar que un terreno se revalorizó y justificar el cobro del impuesto municipal de plusvalía, la evolución de los valores catastrales. · Derecho Contencioso Administrativo
81.- 01/04/2019 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Confirma la denegación de nacionalidad española a un senegalés porque, aunque reside en España desde 1985, contrajo matrimonio en su país en febrero de 1993, optando por la poligamia, y solicitó la nacionalidad cuando aún no había renunciado a la misma, manifestando su intención de acogerse a la monogamia. Para la AN, la poligamia no es simplemente algo contrario a la legislación española, sino algo que repugna al orden público español. La poligamia es un límite infranqueable a la eficacia del derecho extranjero, porque la misma presupone la desigualdad entre mujeres y hombres, y la sumisión de aquéllas a éstos. Los requisitos para ser acreedor a la concesión de la nacionalidad española por residencia se deben cumplir y acreditar en el momento de la solicitud. Sin embargo, en el caso, al tiempo de la solicitud se mantenía aún la opción por la poligamia. Es lícito que la Administración española considere que alguien cuyo estado civil es atentatorio contra el orden público español, no ha acreditado un "suficiente grado de integración en la sociedad española". · Derecho Contencioso Administrativo
80.- 01/04/2019 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ha condenado al Sergas a indemnizar con 200.000 euros a un menor que en 2002, cuando tenía dos años y medio, fue diagnosticado de “una sordera total e incurable” cuando, en realidad, era autista. “Nos encontramos ante un claro supuesto de error de diagnóstico provocado por una equivocada interpretación de los resultados de la prueba de potenciales evocados auditivos en su día practicada. En definitiva, no se descartaron, como era obligado, otras patologías mediante pruebas complementarias de tipo psicológico, neurológico o audiométrico”, subraya el tribunal. · Derecho Contencioso Administrativo
79.- 01/04/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 4 de febrero de 2019. Ha fijado como doctrina que, en la dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor del crédito, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble., sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble. · Derecho Contencioso Administrativo
78.- 30/03/2019 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso. Sentencia de 4 de febrero de 2019. EXTRANJERÍA: Confirma la denegación de nacionalidad española a un senegalés porque, aunque reside en España desde 1985, contrajo matrimonio en su país en febrero de 1993, optando por la poligamia, y solicitó la nacionalidad cuando aún no había renunciado a la misma, manifestando su intención de acogerse a la monogamia. Para la AN, la poligamia no es simplemente algo contrario a la legislación española, sino algo que repugna al orden público español. La poligamia es un límite infranqueable a la eficacia del derecho extranjero, porque la misma presupone la desigualdad entre mujeres y hombres, y la sumisión de aquéllas a éstos. Los requisitos para ser acreedor a la concesión de la nacionalidad española por residencia se deben cumplir y acreditar en el momento de la solicitud. Sin embargo, en el caso, al tiempo de la solicitud se mantenía aún la opción por la poligamia. Es lícito que la Administración española considere que alguien cuyo estado civil es atentatorio contra el orden público español, no ha acreditado un "suficiente grado de integración en la sociedad española". · Derecho Contencioso Administrativo
77.- 30/03/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 4 de febrero de 2019. BANCARIO: Ha fijado como doctrina que en la dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor del crédito, sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble., sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible de dicho tributo debe fijarse sobre el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación y no sobre el valor real del inmueble. · Derecho Contencioso Administrativo
76.- 25/03/2019 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. DEDUCCIONES DE LA CUOTA A PAGAR: "...aparte de los requisitos contables y los relativos a la emisión y contenido de las facturas, el carácter deducible de un gasto viene determinado por la efectiva realización del servicio o actividad que motiva el pago, exigencia indispensable para poder afirmar que los bienes y servicios adquiridos se utilizan en la realización de operaciones sujetas al impuesto y no exentas y la afectación de los bienes y servicios adquiridos a la actividad empresarial o profesional del que pretende deducirse las cuotas soportadas en su adquisición. Por tanto, la existencia de factura es necesaria, pero insuficiente por sí sola para acreditar el carácter deducible de las cuotas. Por otro lado, el artículo 105 LGT , dispone que tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos que normalmente le son constitutivos, carga que se entiende cumplida si se designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la administración tributaria, según el párrafo segundo del citado precepto. · Derecho Contencioso Administrativo
75.- 23/03/2019 Tribunal Supremo. Fija el criterio sobre la aplicación del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en novaciones modificativas de los préstamos hipotecarios. Uno de los criterios interpretativos que resuelve es la cuestión de determinar, en interpretación del artículo 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, donde además de cláusulas que afecten al tipo de interés o al plazo, se incluyen otras cláusulas financieras, sin que afecte a la responsabilidad hipotecaria. · Derecho Contencioso Administrativo
74.- 11/03/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. No hay silencio positivo a favor del obligado tributario por incumplir el plazo máximo de duración en el procedimiento de tasación pericial contradictoria. Puntualiza el Supremo que el hecho de que la sentencia de instancia haya hecho referencia al término "impugnación" no basta para solo de ello fundamentar que el silencio tiene el efecto desestimatorio previsto en el artículo 104.3, párrafo 2, LGT porque, tal y como luego razona la sentencia, el silencio positivo no resulta aplicable porque en la TPC se solicita el dictamen de un tercer perito. · Derecho Contencioso Administrativo
73.- 03/03/2019 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Auto de 21 de febrero de 2019. CONTENCIOSO: Suspende cautelarmente el decreto que regula las especies cinegéticas. La Sala reconoce la importancia que tiene la actividad de caza para Castilla y León desde un punto de vista económico y social pero señala que el interés más necesitado de protección es el de la conservación de la fauna silvestre. · Derecho Contencioso Administrativo
72.- 18/02/2019 Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra. Una sentencia de 22 de enero de 2019 reduce la sanción impuesta por exceso de velocidad por falta de aplicación de los márgenes de error previstos en la Orden ITC/3123/2010. Acreditado pericialmente que el elevado margen de error de los aparatos utilizados motivado por la dificultad de instalarlos en la ubicación que proporcione el ángulo idóneo para garantizar una medición exacta en relación con todos los vehículos, debe aplicarse en todos los supuestos el margen de error máximo establecido en la citada Orden. · Derecho Contencioso Administrativo
71.- 04/02/2019 Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala Contencioso Administrativo. Confirma la sanción de la Consejería de Sanidad a un médico por dos faltas graves. La sanción se impuso por grave desconsideración a una paciente y por fumar en la consulta; La resolución sancionadora estima probado que se empleó en consulta por el médico la expresión de "no estar bien follada" referida a una paciente y que se constató que había fumado en la consulta. · Derecho Contencioso Administrativo
70.- 21/01/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. El Tribunal Supremo ampara el derecho al olvido digital frente a Google sobre noticias sustancialmente inexactas. La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Google contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 2017 que reconoció el derecho al olvido a una persona cuyo nombre aparecía en los resultados de búsqueda asociados a unos hechos parcialmente inexactos recogidos en una información de un periódico. · Derecho Contencioso Administrativo
69.- 24/12/2018 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Administrativo. Denegación de Nacionalidad. La AN ha dictado una sentencia, de fecha 11 de octubre de 2018, por la que deniega la concesión de la nacionalidad española a una mujer residente marroquí en Cataluña, cuyo marido e hijos sí habían conseguido la nacionalidad por residencia; el motivo de denegación fue el no haber justificado un suficiente grado de integración en la sociedad española, conforme previene el artículo 22.4 de nuestro Código Civil. El concepto "suficientemente integrado" según reconoce la propia sentencia, es un concepto jurídico indeterminado que precisa una concreción dependiendo de las circunstancias concurrentes. Esto significa que la solución que la Administración tome, dependerá de cada caso concreto; si se cumplen los requisitos el otorgamiento de la nacionalidad es obligado para lo que el examen o entrevista del solicitante ante el Juez del Registro Civil es fundamental para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, sin embargo, no es vinculante. Por mucho tiempo que se resida en España, no podrá reconocerse la nacionalidad si no se acredita una integración real en la sociedad española, debe existir una actitud del residente dirigido a formar parte real de la sociedad en que desarrolla su vida. Desconocer en qué Comunidad Autónoma se vive, o qué significa la Navidad, son cuestiones básicas a las que la solicitante no supo responder.El Ministerio de Justicia y por último los tribunales tendrán la última palabra. La obtención de la nacionalidad no es un mero trámite. · Derecho Contencioso Administrativo
68.- 24/12/2018 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El TSXG ratifica la sentencia que condena a la Xunta a indemnizar a la familia de un motorista fallecido en Ourense. El motorista falleció tras tener un accidente en octubre de 2011 en una carretera nacional situada en el municipio de Cenlle. Los servicios de emergencias, según consta en el fallo, tardaron en localizar a la víctima, con quien contactaron en varias ocasiones a través de su teléfono móvil. “Con una diligente actuación de los servicios del 112, agotando las posibilidades que le ofrecían los medios a su disposición, se podía haber localizado más rápidamente al accidentado, de modo que se hubieran incrementado en un 50 % las probabilidades de haberle salvado la vida”, concluye el tribunal en la sentencia. El primer contacto con la víctima, que estaba consciente, pero inmovilizada, se produjo a las 18.45 horas, cuando llamó a una amiga pidiendo auxilio. · Derecho Contencioso Administrativo
67.- 24/12/2018 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El TSXG ratifica la sentencia que condena a la Xunta a indemnizar a la familia de un motorista fallecido en Ourense. El motorista falleció tras tener un accidente en octubre de 2011 en una carretera nacional situada en el municipio de Cenlle. Los servicios de emergencias, según consta en el fallo, tardaron en localizar a la víctima, con quien contactaron en varias ocasiones a través de su teléfono móvil. “Con una diligente actuación de los servicios del 112, agotando las posibilidades que le ofrecían los medios a su disposición, se podía haber localizado más rápidamente al accidentado, de modo que se hubieran incrementado en un 50 % las probabilidades de haberle salvado la vida”, concluye el tribunal en la sentencia. El primer contacto con la víctima, que estaba consciente, pero inmovilizada, se produjo a las 18.45 horas, cuando llamó a una amiga pidiendo auxilio. · Derecho Contencioso Administrativo
66.- 23/12/2018 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de octubre de 2018. EXTRANJERÍA: Denegación de Nacionalidad. Ha dictado una sentencia por la que deniega la concesión de la nacionalidad española a una mujer residente marroquí en Cataluña, cuyo marido e hijos sí habían conseguido la nacionalidad por residencia; el motivo de denegación fue el no haber justificado un suficiente grado de integración en la sociedad española, conforme previene el artículo 22.4 de nuestro Código Civil. El concepto "suficientemente integrado" según reconoce la propia sentencia, es un concepto jurídico indeterminado que precisa una concreción dependiendo de las circunstancias concurrentes. Esto significa que la solución que la Administración tome, dependerá de cada caso concreto; si se cumplen los requisitos el otorgamiento de la nacionalidad es obligado para lo que el examen o entrevista del solicitante ante el Juez del Registro Civil es fundamental para comprobar el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles, sin embargo, no es vinculante. Por mucho tiempo que se resida en España, no podrá reconocerse la nacionalidad si no se acredita una integración real en la sociedad española, debe existir una actitud del residente dirigido a formar parte real de la sociedad en que desarrolla su vida. Desconocer en qué Comunidad Autónoma se vive, o qué significa la Navidad, son cuestiones básicas a las que la solicitante no supo responder. El Ministerio de Justicia y por último los tribunales tendrán la última palabra. La obtención de la nacionalidad no es un mero trámite. · Derecho Contencioso Administrativo
65.- 17/12/2018 Audiencia Nacional, Sala Contencioso-administrativo. La AN estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del Secretario General de Universidades sobre denegación de ayuda para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, anulándola y declarando el derecho del interesado a la beca solicitada. Improcedencia de la denegación al solicitante por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar; el solicitante declaró que los ingresos de la unidad familiar no alcanzan los límites fijados en la convocatoria y aportó certificado de la AEAT negativo en cuanto a la presentación de IRPF en el ejercicio, existiendo, además, una nutrida prueba de la procedencia de la ayuda en atención a la concreta situación del alumno. · Derecho Contencioso Administrativo
64.- 17/12/2018 Tribunal Constitucional. Cuestión de inconstitucionalidad. Sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal que regula el régimen de responsabilidad en accidentes de tráfico por atropello de especies cinegéticas. El TC falla que no es inconstitucional derivar la responsabilidad por el atropello de especies cinegéticas a los conductores y señala que la D.A. 9ª de la Ley de Tráfico sólo resulta compatible con el régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración si se interpreta en el sentido de que, no existiendo acción de caza mayor, pueda determinarse la posible responsabilidad patrimonial de la Administración acudiendo a cualquier título de imputación legalmente idóneo para fundar la misma, sin declarar automáticamente la responsabilidad del conductor. · Derecho Contencioso Administrativo
63.- 10/12/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. El TS equipara a los interinos con los funcionarios de carrera en la adquisición del grado personal. No se puede denegar la consolidación del grado personal solo por la naturaleza temporal de la relación laboral que vincula al interino con la Administración, en aplicación del principio de no discriminación reconocido en el acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. · Derecho Contencioso Administrativo
62.- 05/11/2018 Tribunal Económico-Administrativo Central El TEAC ha determinado que los Colegios de Abogados tienen la obligación de proporcionar, si la Agencia Tributaria (AEAT) así se lo requiere, información sobre las minutas de sus colegiados y ello sin necesidad de recabar el consentimiento del abogado afectado y que este deber se extiende tanto a las minutas que hayan sido obtenidas como consecuencia de un procedimiento de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales, o referentes a determinación de costas procesales. · Derecho Contencioso Administrativo
61.- 29/10/2018 Tribunal Supremo. Sala Tercera El TS fija en 1,8 millones de euros la sanción a Vodafone por incumplir la normativa de roaming. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió un procedimiento sancionador a esta compañía y le impuso una multa de más de 3 millones de euros, cuantía que fue rebajada por la Audiencia Nacional. · Derecho Contencioso Administrativo
60.- 15/10/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo En los procedimientos tributarios es oportuno proponer pruebas no aportadas ante los órganos de gestión tributaria, excepto, si pudiera reputarse abusiva o maliciosa la actitud del interesado y así se constatase debida y justificadamente en el expediente. · Derecho Contencioso Administrativo
59.- 08/10/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo Sentencia 2 Julio 2018. Es nula la liquidación tributaria que resuelve una cuestión compleja mediante procedimiento de verificación de datos. La anulación de una liquidación tributaria practicada como desenlace de un procedimiento de verificación de datos, cuando éste debió serlo en uno de comprobación limitada, integra un supuesto de nulidad de pleno derecho, sin ninguna capacidad de interrumpir el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria. · Derecho Contencioso Administrativo
58.- 08/10/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Administrativo Aumento del justiprecio cuando tras la fecha de valoración, judicialmente se declare concedida por silencio la licencia de edificación que la Ley de Expropiación Forzosa disponga que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes y derecho expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, no puede interpretarse en el sentido de excluir de la tasación un bien o derecho que por controvertido se reconoce con posterioridad como integrante del patrimonio afectado por la · Derecho Contencioso Administrativo
57.- 01/10/2018 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo. Sentencia de 11 de septiembre de 2018. MENORES: Este juzgado recuerda a un profesor de educación física sus obligaciones a la hora de atender a un alumno con diabetes. También advierte al demandante en la sentencia sobre las responsabilidades "civiles, disciplinarias o penales" que pudiese conllevar una "inacción" ante una emergencia sanitaria · Derecho Contencioso Administrativo
56.- 01/10/2018 Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz Resulta evidente que, desde el momento en que el actor está advirtiendo al Registro de Morosos del incumplimiento por el acreedor del preceptivo requisito de requerimiento previo, Asnef debe efectuar las comprobaciones oportunas tendentes a verificar si Movistar cumplió o no con su obligación de reclamación previa. Por ello la sentencia declara la intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante y condena a las demandadas a abonar solidariamente al actor 6.000 € en concepto de daños morales. · Derecho Contencioso Administrativo
55.- 30/09/2018 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo. Este juzgado recuerda a un profesor de educación física sus obligaciones a la hora de atender a un alumno con diabetes. También advierte al demandante en la sentencia sobre las responsabilidades "civiles, disciplinarias o penales" que pudiese conllevar una "inacción" ante una emergencia sanitaria. · Derecho Contencioso Administrativo
54.- 30/09/2018 Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Orense. El juzgado reconoce el síndrome de sensibilidad química como accidente laboral; el magistrado considera acreditado que la demandante desarrolló la enfermedad en su lugar de trabajo, un edificio de oficinas de Ourense, debido al “contacto con los productos químicos del ambiente”. · Derecho Contencioso Administrativo
53.- 30/09/2018 Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo Ha sentenciado que el acuerdo del Ayuntamiento para el cambio de nombre de las calles de Oviedo con referencias franquistas contiene diversos errores, por lo que si no se corrigen tendrán que volver a su anterior denominación y ello hasta que se subsane los defectos formales del acuerdo municipal que así lo acordó. La sentencia no es firme y es susceptible de recurso. · Derecho Contencioso Administrativo
52.- 24/09/2018 BOE El canal de denuncias sobre blanqueo de capitales se hace obligatorio; todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes, en aquellas cuestiones que les afectan, deberán contar, a partir de ahora, con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. Así se establece en el Real Decreto-Ley 11/2 · Derecho Contencioso Administrativo
51.- 10/09/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso El Tribunal Supremo confirma, en Sentencia de 16 de julio de 2018, la legalidad de la colegiación de oficio para evitar el ejercicio irregular de los profesionales. El sistema de los colegios profesionales en España prevé el requisito de colegiación para aquellos profesionales cuyo ejercicio afecta a derechos de los ciudadanos introduciendo el cumplimiento de normas específicas de la profesión tanto a las exigencias de titulación como al cumplimiento de un código deontológico. · Derecho Contencioso Administrativo
50.- 03/09/2018 Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Oviedo Determina en sentencia de 27 de julio de 2018 que el empadronamiento no puede ser un requisito excluyente para acceder a las becas municipales de comedor. La sentencia señala que el lugar de trabajo del padre, que le dio acceso al colegio, equivale al lugar de residencia para que le asignen este tipo de ayudas · Derecho Contencioso Administrativo
49.- 03/09/2018 Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Valladolid condena en Sentencia de 3 de julio de 2018 a un banco al pago de daños morales por el mal bloqueo de una cuenta. Deberá abonar 3.000 euros por la “tensión y angustia”generadas. La entidad no informó al demandante de la decisión · Derecho Contencioso Administrativo
48.- 30/07/2018 Tribunal Superior de Justicia de Canarias La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha confirmado, en Sentencia de 3 de julio de 2018, en todos sus términos la sentencia del Juzgado del mismo orden número 3 que en septiembre de 2017 proclamó el derecho de los herederos de un hombre fallecido en 1999 tras una operación de vesícula a ser indemnizados con 60.000 euros más los intereses legales, al declarar probado que existió una infracción de la lex artis (pérdida de oportun · Derecho Contencioso Administrativo
47.- 16/07/2018 Tribunal Supremo En Sentencia de 3 de julio de 2018 determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha · Derecho Contencioso Administrativo
46.- 09/07/2018 Tribunal Supremo. Sentencia de 9 de julio de 2018. EXTRANJERÍA: Condena al Estado por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados. Era la cuota establecida por la Unión Europea en 2015 para refugiados procedentes de Grecia e Italia.ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia y de Italia, establecidas en las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 del Consejo Europeo, por las que se le asignó un cupo · Derecho Contencioso Administrativo
45.- 02/07/2018 Tribunal Supremo Nueva doctrina sobre el método de comprobación del valor real de inmuebles a efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, fijada en sentencia de 23 de mayo de 2018 · Derecho Contencioso Administrativo
44.- 02/07/2018 Tribunal Supremo Nueva doctrina sobre el método de comprobación del valor real de inmuebles a efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, fijada en sentencia de 23 de mayo de 2018. · Derecho Contencioso Administrativo
43.- 25/06/2018 Tribunal Superior de Justicia de Asturias Rechaza la devolución de la plusvalía a quien liquida el impuesto y un mes después solicita su devolución. El Tribunal parte de la doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia 79/2017 en relación a la conocida como plusvalía municipal para analizar las alegaciones de la recurrente, que liquidó oportunamente el Impuesto declarando el correspondiente incremento del valor y apenas un mes después y, sin mediar actividad administrativa alguna, pretende la rectificación y devolución de lo que a · Derecho Contencioso Administrativo
42.- 31/05/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Establece que solo cabe expulsar a los extranjeros condenados por delitos cuya pena mínima supere el año de prisión · Derecho Contencioso Administrativo
41.- 24/04/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso En Sentencia de 24 Abril 2018 confirma la obligación de estar incluido en el RETA de los administradores societarios y no requiere demostrar que desarrollan un trabajo real para la sociedad. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución de la TGSS por la que se procedió, de oficio, al alta del recurrente en el RETA por ostentar el cargo · Derecho Contencioso Administrativo
40.- 23/04/2018 Tribunal Supremo. Auto de 23 de abril de 2018. DERECHO DEPORTIVO: Plantea cuestión de inconstitucionalidad contra el libre acceso de las radios a las retransmisiones de fútbol El alto tribunal accede así a una petición de la Liga Nacional de Fútbol Profesional · Derecho Contencioso Administrativo
39.- 19/04/2018 Audiencia Nacional ¿Qué fecha debe tenerse en cuenta cuando no coincide la de la notificación escrita por correo certificado y la que consta en la web de la AEAT?. La Audiencia Nacional, en Sentencia de 19 de abril de 2018, admite las capturas de pantalla que aporta el contribuyente para demostrar la disparidad de las fechas en las que se entiende notificado el acuerdo y más cuando la notificación electrónica resulta obligatoria para la Administración. La sentencia es recurrible en casación. · Derecho Contencioso Administrativo
38.- 18/04/2018 Tribunal Superior de Justicia de Galicia Condena al Servicio Gallego de Salud por un diagnóstico tardío de cáncer de pulmón. Los magistrados consideran que existían motivos para realizar nuevas pruebas tras una radiografía que le fue realizada en 2010 como parte de un preoperatorio de cataratas. · Derecho Contencioso Administrativo
37.- 11/04/2018 Tribunal Superior de Justicia de Galicia Condenan al Servicio Gallego de Salud por una intervención realizada en Ferrol sin el consentimiento informado cumplimentado de forma correcta. El tribunal eleva la indemnización a 30.000 euros · Derecho Contencioso Administrativo
36.- 28/03/2018 Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante El Juzgado pide que se investigue a tres administradores concursales y un perito de la promotora inmobiliaria Luxender. El juez aprecia indicios de falsedad, prevaricación, alzamiento de bienes, insolvencia punible y tentativa de estafa y de delito fiscal. · Derecho Contencioso Administrativo
35.- 19/03/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Permite a los abogados aplicar reducciones fiscales a las rentas obtenidas en litigios de más de dos años. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado, el pasado 19 de marzo de 2018, una sentencia fijando nueva doctrina sobre reducciones fiscales, diciendo que para determinar si estamos ante un supuesto al que se le aplica la excepción de la reducción, debe atenderse a la actividad que desarrolla el interesado, e incluso enfatizan que el ejercicio de la ac · Derecho Contencioso Administrativo
34.- 19/03/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo Sentencia Tribunal Supremo 438/2018 · Derecho Contencioso Administrativo
33.- 19/03/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo 436/2018 · Derecho Contencioso Administrativo
32.- 06/03/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo Define el concepto de grupo de empresa a los efectos de la liquidación por el concepto de IAE · Derecho Contencioso Administrativo
31.- 27/02/2018 Tribunal Superior de Justicia de Madrid Recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos. Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA. · Derecho Contencioso Administrativo
30.- 27/02/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Anula una sentencia sobre el consumo de alcohol en la vía pública en una tradicional zona de tascas de Castellón. La Sala Tercera estima uno de los motivos del recurso del ayuntamiento y ordena retrotraer las actuaciones · Derecho Contencioso Administrativo
29.- 27/02/2018 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sentencia de 27 de febrero de 2018. MENORES: Recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos. Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA. · Derecho Contencioso Administrativo
28.- 26/02/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Considera discriminatorio no dar de alta en Seguridad Social a una embarazada en situación de riesgo que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo. El Tribunal aborda el caso planteado por una enfermera que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo y había sido nombrada para una sustitución en un hospital de Santiago, pero no empezó a desempeñar sus funciones al encontrarse en situación de riesgo por embarazo. · Derecho Contencioso Administrativo
27.- 29/01/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Las compañías de seguros ya no podrán obligar al asegurado a someterse a arbitraje en caso de discrepancias sin que alternativamente se le ofrezca la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional. El Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 1/2018 de 11 de enero, por la que declara nulo el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro. La imposición de un arbitraje como el previsto en el art. 76 e) LCS., vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues impiden al asegurado el · Derecho Contencioso Administrativo
26.- 25/01/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado sendos recursos de la Generalitat de Catalunya y ha revocado las sentencias de dos juzgados de lo Contencioso de Barcelona que dieron la razón a Uber y anularon dos multas que le había impuesto la administración autonómica catalana por infracción muy grave de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. · Derecho Contencioso Administrativo
25.- 20/01/2018 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso La adquiriente de una empresa no es responsable solidaria de las deudas de la empresa concursada cedente con la Seguridad Social · Derecho Contencioso Administrativo
24.- 11/01/2018 Pleno del Tribunal Constitucional Las compañías de seguros ya no podrán obligar al asegurado a someterse a arbitraje en caso de discrepancias sin que alternativamente se le ofrezca la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional. El Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 1/2018 de 11 de enero, por la que declara nulo el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro. La imposición de un arbitraje como el previsto en el art. 76 e) LCS., vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, pues impiden al asegurado el · Derecho Contencioso Administrativo
23.- 19/12/2017 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña El Estado no es responsable de la enfermedad contraída por contacto con el amianto de un estibador del Puerto de Barcelona, así lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, en Sentencia 19 Diciembre 2017. La responsabilidad por la grave enfermedad profesional contraída por el trabajador debe hacerse recaer, en exclusiva, sobre las empresas estibadoras que realizaron las operaciones en las que pudo intervenir y no el Estado o la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuari · Derecho Contencioso Administrativo
22.- 18/12/2017 Tribunal Constitucional. Sala Primera Novedosa sentencia sobre el derecho a permuta de de funcionarios interinos por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar. · Derecho Contencioso Administrativo
21.- 23/11/2017 Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de noviembre de 2017. MENORES: El principio de proporcionalidad respecto de la situación de vulnerabilidad de los hijos menores de edad cuando afecta a la vivienda familiar y la sentencia de la Sala 3ª del TS de 23/11/2017. · Derecho Contencioso Administrativo
20.- 16/11/2017 Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cáceres Condenado el Servicio Extremeño de Salud a pagar una indemnización por responsabilidad patrimonial en un caso de abusos sexuales cometidos por un anestesista. El médico se encontraba suspendido en funciones y desaparecido. · Derecho Contencioso Administrativo
19.- 15/11/2017 Tribunal Superior de Justicia de Albacete Primera sentencia firme contra una empresa eléctrica por la electrocución de aves. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha ratificado una sanción a Iberdrola Distribución Eléctrica por una "infracción muy grave" por la electrocución de un águila imperial ibérica, un ave en peligro de extinción, en uno de sus postes en el término municipal de La Herrera (Albacete). · Derecho Contencioso Administrativo
18.- 15/11/2017 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sentencia de 15 de noviembre de 2017. CONTENCIOSO: Primera sentencia firme contra una empresa eléctrica por la electrocución de aves. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha ratificado una sanción a Iberdrola Distribución Eléctrica por una "infracción muy grave" por la electrocución de un águila imperial ibérica, un ave en peligro de extinción, en uno de sus postes en el término municipal de La Herrera (Albacete). · Derecho Contencioso Administrativo
17.- 30/10/2017 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Administrativo Se desestima el recurso interpuesto en nombre de la entidad de gas · Derecho Contencioso Administrativo
16.- 30/10/2017 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Nula la plusvalía municipal aunque la vivienda o terrenos suban de valor. · Derecho Contencioso Administrativo
15.- 06/09/2017 Tribunal Superior de Justicia de Palma de Mallorca. Sala de lo Contencioso Sancionan a un Registrador de la Propiedad por su conducta contumaz al no facilitar a Hacienda la documentación solicitada para una investigación fiscal". · Derecho Contencioso Administrativo
14.- 29/06/2017 Tribunal de Superior de Justicia de Madrid Establece que las prestaciones por maternidad del INSS están exentas del IRPF. La Sección Quinta estima íntegramente el recurso de una particular y revoca una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid que anulaba la autoliquidación de la Renta de una mujer que había percibido del INSS 8.993.60 euros en concepto de prestación por maternidad en 2013; cantidad que no había declarado al entender que estaba exenta de tributación. · Derecho Contencioso Administrativo
13.- 29/06/2017 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo El contador-partidor tiene derecho a cobrar sus honorarios presupuestados conforme al criterio orientador de su colegio profesional incluso aunque una de las partes goce del derecho a la justicia gratuita · Derecho Contencioso Administrativo
12.- 20/06/2017 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso Administrativo La Sala estima procedente una deducción de los gastos ocasionados por la utilización de vehículo en la actividad profesional · Derecho Contencioso Administrativo
11.- 01/06/2017 Tribunal Superior de Justicia de Madrid Avala la expulsión de un ciudadano de la UE por ser una ‘amenaza de convivencia’ debido a su historial delictivo. La Sección Novena confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid que, a su vez, ratificaba la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de expulsar del territorio español a un súbdito rumano con un dilatado historial delictivo por el que había sido detenido en múltiples ocasiones. · Derecho Contencioso Administrativo
10.- 30/05/2017 Juzgado de lo Contencioso de Madrid Un juez de lo Contencioso de Madrid declara discriminatorio que los profesores interinos cesen en verano y vuelvan a ser nombrados en septiembre. El magistrado reconoce a un profesor los derechos, a efectos de antigüedad, de los meses de julio y agosto. · Derecho Contencioso Administrativo
9.- 30/05/2017 Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid Reconocimiento de derechos y salarios · Derecho Contencioso Administrativo
8.- 26/05/2017 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso Anula unas oposiciones del Servicio de Salud de Madrid al no haberse estimado el recurso de suspensión solicitado por una opositora alegando imposibilidad de asistir al examen y éste tuvo que hacerlo en el paritorio. · Derecho Contencioso Administrativo
7.- 04/05/2017 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso Confirma la decisión de la Comunidad de denegar el Título de Familia Numerosa a una mujer soltera con dos hijos. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima que, tal y como se regula en el artículo 2.1 de la Ley 40/2003, la recurrente, una mujer soltera con dos hijos sin ningún grado de discapacidad, no cumple los requisitos legales para obtener el Título y sus correspondientes beneficios sociales, t · Derecho Contencioso Administrativo
6.- 01/05/2017 Tribunal Constitucional Recurso de amparo. Proceso sancionador impuesto en materia de transporte terrrestre · Derecho Contencioso Administrativo
5.- 09/03/2017 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Suspensión del suministro de gas sin las debidas garantías · Derecho Contencioso Administrativo
4.- 01/03/2017 Tribunal Constitucional Sentencia plusvalía TC Guipúzcoa, norma foral de Álava · Derecho Contencioso Administrativo
3.- 02/06/2016 Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sentencia acerca de subvenciones y becas · Derecho Contencioso Administrativo
2.- 02/12/2014 Tribunal Supremo. Sala de lo Social Mientras no gane firmeza la primera reclamación, se puede impugnar el segundo despido del trabajador · Derecho Contencioso Administrativo
1.- 05/02/2014 Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria Indemnización por los daños derivados de la denegación de una licencia de actividad por incompatibilidad con el planeamiento · Derecho Contencioso Administrativo

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